Durante décadas, los medios de comunicación tradicionales fueron los únicos dueños del micrófono público. Controlaban el relato, seleccionaban las voces y filtraban los temas. Pero el juego cambió. Con la aparición de las redes sociales, surgió una nueva generación de comunicadores: los influencers.
Mientras en Colombia se debate la renovación de contratos con la cuestionada firma Thomas Greg & Sons, una realidad incómoda empieza a salir a flote: la íntima relación entre los grandes negocios electorales y una élite política y empresarial que ha controlado el poder durante décadas.
En las redes sociales se ha desatado una ola de denuncias clamando por seguridad, provenientes de los habitantes de Barrancabermeja, quienes aseguran que su ciudad ya no es la misma.
En los Estados Unidos, un país que alguna vez fue considerado un referente global en libertades civiles y derechos humanos, se está desarrollando una de las más preocupantes y sistemáticas campañas de persecución contra inmigrantes y opositores políticos.
La política colombiana sigue siendo testigo de giros inesperados, traiciones y contradicciones que, lejos de favorecer la paz y la reconciliación, parecen perpetuar las causas del inconformismo y anteponer intereses personales.
El caso de Petro, Bukele y la doble moral de la oposición colombiana. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una oposición sistemática, cerrada y profundamente obstructiva desde que asumió el poder.
La violencia que ha asolado Colombia durante más de seis décadas no solo tiene su origen en los actores armados ilegales, sino también en la clase política tradicional del país, especialmente los partidos de centro y derecha.
Según el presidente Gustavo Petro, el proceso constituyente propuesto no busca reemplazar la Constitución de 1991 ni permitir la perpetuación en el poder, como lo han afirmado sectores de oposición.
En Colombia, el descrédito de las instituciones ha llegado a niveles alarmantes. Un Congreso capturado por intereses corporativos y una rama judicial corroída por la impunidad, la lentitud procesal y la infiltración de mafias y actores políticos tradicionales, constituyen un obstáculo casi infranqueable para cualquier transformación real.
En Colombia, como en muchos otros países marcados por profundas desigualdades sociales y políticas, la sensibilidad pública ante los hechos de violencia parece medirse con una vara distinta, dependiendo de quién sea la víctima.
