Decir que intervenir a Sanitas es “criminal” mientras se guarda silencio ante los crímenes cotidianos cometidos por esta EPS contra sus usuarios es una hipocresía monumental.
La reciente decisión de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) de degradar la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB con perspectiva negativa ha generado un intenso debate político en el país.
El periodista Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy en Caracol Radio, llamó en cuatro ocasiones “mercenario” al Ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, durante su intervención en un programa reciente.
Una diplomacia sin pueblo: Colombia y la urgente reforma de una carrera diplomática elitista y arrodillada
En una reciente entrevista radial, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona protagonizaron un tenso debate sobre los límites entre la oposición democrática y el bloqueo institucional que estaría enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La intervención a las EPS es una herramienta utilizada para intentar salvar instituciones en crisis que prestan un servicio esencial a millones de personas.
La oposición violenta al presidente Gustavo Petro ha alcanzado niveles de virulencia que rayan en lo antidemocrático. Las críticas y el control político son esenciales en cualquier sistema republicano, pero lo que hoy vive el mandatario no es mera fiscalización: es un acorralamiento sistemático e inmisericorde.
En medio de profundas transformaciones en América Latina, una nueva figura emerge en Colombia: Carolina Corcho, la médica psiquiatra y politóloga que busca continuar la estela de líderes progresistas como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Barrancabermeja,se desangra lentamente mientras las autoridades miran hacia otro lado. El silencio institucional es estruendoso. En cada debate de control político, cuando se habla de seguridad en el departamento de Santander o en el Magdalena Medio, Barrancabermeja apenas si es mencionada.
En Colombia, el discurso de los derechos humanos ha sido históricamente una bandera de lucha legítima frente a los abusos del poder. Sin embargo, cuando esa bandera es tomada por actores políticos que, lejos de buscar justicia y equidad, encubren intereses partidistas, se convierte en una herramienta peligrosa que mina la democracia y confunde a la opinión pública.
