En Barrancabermeja, la discusión pública vuelve a girar en torno a las obras inconclusas que, con el paso de los años, se han convertido en verdaderos elefantes blancos y en símbolo de frustración ciudadana.
Roy Barreras ha construido su aspiración presidencial alrededor de un argumento que, visto con cuidado, funciona más como un sofisma ingenioso que como una propuesta política coherente.
En Colombia persiste una paradoja política que desconcierta a muchos analistas: en uno de los países más desiguales del planeta, donde décadas de políticas neoliberales han precarizado a los hogares mediante privatizaciones, tarifas elevadas y un modelo económico centrado en la renta, todavía existen sectores populares que respaldan a representantes políticos asociados con ese mismo modelo.
Durante años, el departamento de Santander y buena parte de Colombia han sido testigos de cómo la política se degradó hasta convertirse en un instrumento para el saqueo de los recursos públicos, en especial aquellos destinados a garantizar derechos fundamentales como la salud.
En Barrancabermeja, la carrera por una curul en la Cámara de Representantes ha encendido las alarmas ciudadanas. Dos nombres concentran buena parte de las críticas y preocupaciones.
Equiparar a Iván Cepeda Castro con Abelardo de la Espriella no es un ejercicio de análisis político serio; es un atajo cómodo para eludir responsabilidades.
Los seguidores de Sergio Fajardo aún no superan la caída de un pedestal que ellos mismos construyeron: el de la supuesta superioridad moral e intelectual.
Cuando los ocho candidatos de la llamada gran consulta se presentan ante la opinión pública bajo el lema de “unidos por Colombia”, es inevitable preguntarse qué entienden ellos por Colombia.
Sergio Fajardo vuelve a escena como lo ha hecho durante años: con un tono mesurado, un lenguaje pulcro y una propuesta que promete mucho en la superficie, pero que se desinfla cuando se examina su sustancia.
Cabe analizar, a partir de las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump del pasado 4 de enero de 2025 —según las cuales, tras la intervención que habría derivado en la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos asumiría el control de Venezuela y de la explotación de su subsuelo, especialmente las reservas petroleras—.
