En estos días de marchas, reflexiones y gestos de aparente arrepentimiento, se impone la necesidad urgente de mirar más allá de los símbolos, de los discursos vacíos y de las cámaras, para recordar de manera sincera y comprometida a las víctimas olvidadas de la violencia en Colombia.
Colombia ha sido históricamente un país marcado por la violencia política. Desde hace al menos seis décadas, la desigualdad social, la exclusión estructural y la violencia ejercida por el Estado contra las clases más desfavorecidas han sido elementos constantes en el panorama nacional.
En momentos de profunda incertidumbre y amenaza, los pueblos tienen dos caminos: ceder al miedo o resistir con esperanza. Colombia enfrenta hoy uno de esos momentos decisivos.
Rechazamos de manera categórica el atentado sicarial del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay, líder visible de la oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
El atentado a un político —como cualquier acción violenta— es una tragedia. Pero cuando la víctima es una figura pública reconocida, como el senador Miguel Uribe Turbay, el hecho adquiere una dimensión aún mayor.
Últimamente, ha surgido con fuerza una preocupante tendencia en la política colombiana: la aparición de candidatos bravucones que promueven discursos autoritarios y violentos bajo el disfraz de la seguridad y el orden.
A pesar de la creciente evidencia científica sobre los efectos nocivos del fracking, es preocupante observar cómo algunos políticos en campaña no solo lo minimizan, sino que lo promueven activamente.
En Colombia, la derrota electoral de la clase política tradicional en las presidenciales marcó el inicio de una campaña sistemática de sabotaje contra el nuevo gobierno.
En Colombia, el término “democracia” ha sido secuestrado por una élite política y mediática que, bajo el disfraz del “centro”, no vacila en pactar con la extrema derecha mientras acusa de “dictador” al primer presidente progresista elegido por el pueblo.
En un giro político de gran calado, el presidente Gustavo Petro anunció que acudirá a la figura de la Consulta Popular, mecanismo contemplado en la Constitución Nacional, como salida democrática frente a la sistemática imposibilidad de aprobar la reforma laboral en el Congreso.
