En Colombia, el descrédito de las instituciones ha llegado a niveles alarmantes. Un Congreso capturado por intereses corporativos y una rama judicial corroída por la impunidad, la lentitud procesal y la infiltración de mafias y actores políticos tradicionales, constituyen un obstáculo casi infranqueable para cualquier transformación real.
Una diplomacia sin pueblo: Colombia y la urgente reforma de una carrera diplomática elitista y arrodillada
En una reciente entrevista radial, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona protagonizaron un tenso debate sobre los límites entre la oposición democrática y el bloqueo institucional que estaría enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Una práctica sofisticada de maquillaje contable mediante la sobrestimación de cuentas por cobrar a la ADRES está permitiendo a diversas EPS ocultar su situación financiera real, generando consecuencias graves para el sistema de salud.
La intervención a las EPS es una herramienta utilizada para intentar salvar instituciones en crisis que prestan un servicio esencial a millones de personas.
La oposición violenta al presidente Gustavo Petro ha alcanzado niveles de virulencia que rayan en lo antidemocrático. Las críticas y el control político son esenciales en cualquier sistema republicano, pero lo que hoy vive el mandatario no es mera fiscalización: es un acorralamiento sistemático e inmisericorde.
Acabo de ver la encuesta Opinómetro de Datexco fechada en 14 de junio, la misma metodología estadística de siempre que me confirma que esta encuesta está lejos, pero re lejos, de poder representar al universo poblacional declarado en la ficha técnica: “Población colombiana en cabeceras municipales en las regiones (Central, Caribe, Oriental, Pacífica) y Bogotá», y solo expresa la opinión de las 700 personas encuestadas. Me explico:
En medio de profundas transformaciones en América Latina, una nueva figura emerge en Colombia: Carolina Corcho, la médica psiquiatra y politóloga que busca continuar la estela de líderes progresistas como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En Colombia, como en muchos otros países marcados por profundas desigualdades sociales y políticas, la sensibilidad pública ante los hechos de violencia parece medirse con una vara distinta, dependiendo de quién sea la víctima.
Barrancabermeja,se desangra lentamente mientras las autoridades miran hacia otro lado. El silencio institucional es estruendoso. En cada debate de control político, cuando se habla de seguridad en el departamento de Santander o en el Magdalena Medio, Barrancabermeja apenas si es mencionada.
