Lo que realmente ha hecho el gobierno de Gustavo Petro con el sistema de salud no es “destruirlo” ni “llevarlo al colapso”, como repiten a coro los partidos tradicionales y sus gremios aliados.
Lo que hizo fue, por fin, cerrarles el lobby a las EPS y a toda esa maquinaria de intermediación financiera corrupta que durante años saqueó los recursos de la salud, mientras se blindaba con decretos y regulaciones hechas a su medida.
La historia es clara y dolorosa.
Las EPS no solo se quedaron con miles de millones que debían ir a hospitales, médicos y pacientes. También diseñaron las reglas del juego para que sus robos parecieran legales.
Cada vez que un escándalo se destapaba, aparecía una nueva norma, redactada con la venia de los ministerios de turno, que convertía la trampa en procedimiento oficial. Según el analista Vicente Calvo, era un descaro institucionalizado: las autoridades hacían “copy/paste” de lo que las EPS pedían, y listo, así se fabricaba la “legalidad” del saqueo.
La desfachatez llegó tan lejos que incluso la Contraloría usaba esas mismas regulaciones para justificar los desmadres.
Auditorías que debieron destapar irregularidades terminaron sirviendo de tapadera, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué seriedad puede tener un sistema en el que los ladrones escriben las leyes y los organismos de control las usan para absolverlos? Esa es la verdadera raíz de la crisis que hoy sufrimos.
Y ahora, lo más grotesco
Los mismos responsables de este megadesastre pretenden culpar al gobierno Petro. Cambio Radical y el Centro Democrático, partidos que hicieron de la salud un botín, se presentan como defensores del sistema. Los gremios ACEMI y ANDI, que por años fueron socios silenciosos de la rapiña, hoy se rasgan las vestiduras. El cinismo no tiene límites.
No nos digamos mentiras
Fueron ellos, con su poder político y económico, quienes armaron el modelo perverso que convirtió la salud en negocio. Los mismo quienes bloquearon cualquier intento de cambio mientras la plata se perdía en maniobras financieras y hospitales enteros cerraban sus puertas. Fueron ellos quienes normalizaron la intermediación y el desvío de recursos como si fuera lo más natural del mundo.
El gobierno Petro cometió “el pecado” de sacar a estas mafias de la mesa donde siempre habían mandado. Les cerró el acceso al despacho ministerial, les quitó el privilegio de dictar normas y expuso públicamente lo que se venía cocinando en secreto: que el sistema estaba podrido desde adentro, sostenido con parches y triquiñuelas legales para encubrir robos masivos.
Por eso gritan tanto hoy.
Porque ya no mandan. Saben que la opinión pública empieza a ver con claridad que la crisis no nació en 2022, sino que es el resultado de más de dos décadas de saqueo organizado y de gobiernos complacientes.
Porque entienden que, si el país hace memoria, la responsabilidad caerá de lleno sobre quienes durante años disfrutaron del botín.
Lo que Petro ha hecho no es el fin del sistema, sino el principio del desenmascaramiento.
Poner la salud en el centro del debate nacional, devolverle al Estado el papel rector y, sobre todo, romper con la cooptación mafiosa que tenían las EPS, es un paso imprescindible.
Claro que es incómodo para los viejos partidos y sus gremios aliados: ya no pueden seguir justificando su expolio con decreticos ni con auditorías complacientes.
El país debe entenderlo
Los verdaderos culpables del colapso de la salud son los que diseñaron y usufructuaron el negocio durante años, no el gobierno que hoy se atreve a ponerles freno. Y por más que pataleen, la historia los va a señalar como lo que fueron: los arquitectos de un robo monumental al derecho más sagrado de la gente.
Ahora el reto está en manos de la ciudadanía.
No podemos permitir que los mismos que arruinaron el sistema se disfracen de salvadores. Es hora de exigir verdad, memoria y justicia. Es hora de respaldar un cambio real que saque a la salud del pantano de la corrupción.
Si dejamos que el ruido de los culpables se imponga, perderemos la oportunidad histórica de recuperar lo que nos arrebataron: la certeza de que la salud no es un negocio, sino un derecho.
