En Colombia, el ambiente político atraviesa uno de sus momentos más tensos y polarizados en las últimas décadas. El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una oposición que, más que debatir, parece haberse instalado en una posición de rechazo automático frente a cualquier iniciativa legislativa que provenga de la Casa de Nariño.
Este fenómeno no es nuevo, pero en el contexto actual adquiere dimensiones preocupantes: la falta de disposición al diálogo está llevando a que reformas estructurales, necesarias para el país, se hundan sin siquiera ser discutidas a fondo.
La dinámica es clara. Frente a cada proyecto del Ejecutivo, la oposición se concentra en encontrar uno o dos puntos polémicos para convertirlos en el centro del debate, ignorando el resto de la propuesta y bloqueando el avance de las discusiones.
Esto ocurre en la ley de financiamiento que incluye múltiples ítems y beneficios para sectores vulnerables.
Sin embargo, en lugar de evaluar los efectos integrales de las iniciativas, la oposición opta por reducir la discusión a elementos aislados y, desde ahí, levantar un muro infranqueable.
El resultado: proyectos que podrían mejorar la vida de millones de colombianos terminan naufragando.
Un ejemplo claro se ve en las propuestas del gobierno para apoyar a las clases menos favorecidas.
Mientras Petro plantea programas de subsidios, alivios económicos y ampliación de cobertura social, la oposición insiste en que “hay que apretarse el cinturón” y “cuidar el gasto”.
Pero cuando el gobierno aprueba un aumento en la mesada de soldados y policías, en reconocimiento a su servicio y sacrificio, los mismos sectores que se autodenominan “solidarios con los héroes de la patria” califican la medida de “derroche excesivo”.
Este doble discurso revela que, más que un análisis serio de las finanzas públicas, lo que prima es un cálculo político basado en minar la imagen presidencial.
La actitud confrontacional llega incluso antes de que las reformas entren en discusión.
Desde que se presentan, surgen voces opositoras que aseguran que los proyectos fueron “diseñados para no ser aprobados”, con el supuesto objetivo de culpar al Congreso por futuros recortes sociales.
Pero la pregunta es inevitable:
¿A quién culpar si no al Congreso cuando es precisamente el Congreso el que bloquea las propuestas que buscaban evitar esos recortes?
Este círculo vicioso, en el que la oposición se opone por sistema y luego acusa al gobierno de “ineficaz”, desgasta la democracia y frena los avances necesarios para enfrentar la desigualdad estructural del país.
Un caso paradigmático es el de la ley de financiamiento.
Los sectores opositores han intentado instalar el miedo con el argumento de que “cobrarle más impuestos a los ricos” provocará la fuga de capitales y llevará a grandes patrimonios a abandonar Colombia.
Sin embargo, esta narrativa, repetida una y otra vez, carece de sustento sólido.
La intención de la reforma es equilibrar la balanza tributaria para que los que más tienen contribuyan en mayor proporción, mientras se alivian las cargas sobre las clases medias y populares.
Aun así, los detractores insisten en presentar las iniciativas como una amenaza directa al empleo y a la inversión, sembrando incertidumbre sin ofrecer soluciones concretas.
Además, la oposición recurre a un argumento recurrente: que estas reformas “afectan a la clase media” y “aumentan el costo de vida”. No obstante, esta postura ignora que el verdadero trasfondo del rechazo es otro: proteger los intereses de los grandes banqueros y empresarios que financian sus campañas y sostienen su poder político.
En vez de abrir espacios de concertación para ajustar los puntos más polémicos, optan por dinamitar todo el proyecto, aun cuando esto signifique frenar medidas que podrían mejorar la distribución del ingreso y dinamizar la economía.
El problema de fondo no es solo la oposición a Petro, sino la falta de cultura democrática en el Congreso.
La pluralidad política debería fomentar el debate, la búsqueda de consensos y la construcción de políticas públicas a partir de puntos de encuentro. Sin embargo, lo que estamos viendo es un Congreso convertido en campo de batalla ideológica, donde el “no” se pronuncia antes de leer siquiera la propuesta.
La consecuencia directa es un país atrapado en la parálisis legislativa, donde los problemas de desigualdad, empleo, seguridad y desarrollo se posponen indefinidamente. Mientras tanto, el discurso opositor se fortalece en el corto plazo, pero los ciudadanos terminan siendo los grandes perdedores.
Colombia necesita un Congreso que debata, no que bloquee. Que proponga, no que dinamite. Que construya país en lugar de alimentar trincheras políticas.
La democracia se nutre del disenso, pero también de la capacidad de llegar a acuerdos. Si la oposición sigue apostando por el todo o nada, las reformas seguirán hundiéndose… y con ellas, las oportunidades de millones de colombianos.
