En la historia reciente de Colombia, los partidos de derecha han demostrado una constante: su total alineación con los intereses de Estados Unidos, su desprecio por las necesidades del pueblo y su profundo apego al dinero como medida del éxito político.
Estas tres características definen el comportamiento de una clase dirigente que, desde hace décadas, ha consolidado su poder económico y político sobre la base de la corrupción, el clientelismo y la concentración de la riqueza.
Las oligarquías que dominan la derecha colombiana han edificado sus fortunas a costa del bienestar colectivo.
El rentismo financiero y la especulación se han convertido en su modelo económico.
Ejemplo de ello son las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que intermedian la atención médica como si se tratara de un negocio más; los fondos privados de pensiones, que se enriquecen con el ahorro de los trabajadores sin garantizarles una vejez digna; y las altas tarifas de energía y peajes, que estrangulan la economía popular. Cada uno de estos mecanismos refleja la misma lógica: el beneficio privado sobre el interés público.
Pero el servilismo de la derecha colombiana no se limita al ámbito económico.
Su historia política está marcada por la subordinación a los designios de Washington. En nombre de la “lucha contra el narcotráfico” o la “defensa de la democracia”, sus líderes han justificado la presencia militar y política de Estados Unidos en territorio nacional, incluso cuando ello ha significado la pérdida de soberanía.
No son pocos los casos en los que dirigentes de derecha han respaldado intervenciones extranjeras, golpes de Estado o sanciones contra gobiernos latinoamericanos que no se pliegan al modelo neoliberal.
La más reciente controversia confirma esta tendencia.
Varios congresistas de derecha solicitaron al gobierno estadounidense “descertificar” a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, insinuando que la administración del presidente Gustavo Petro ha fracasado en este campo.
Sin embargo, las cifras oficiales muestran todo lo contrario: las incautaciones de drogas han aumentado y la captura de capos del narcotráfico ha sido una prioridad. Pese a estos resultados, los opositores insisten en pedir que sea el gobierno norteamericano quien asuma un papel directo en el territorio colombiano, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado.
Esta actitud provocó la respuesta inmediata del Gobierno Nacional, que recordó que los problemas de Colombia deben resolverse en Colombia, y que ningún país extranjero debe dictar el rumbo de la nación.
El incidente plantea una pregunta inevitable:
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha para conservar sus privilegios?
¿Qué tan lejos irán con tal de impedir que los cambios sociales y económicos en beneficio del pueblo se consoliden?
Frente a ello, el pueblo colombiano debe mantenerse vigilante y consciente de su poder soberano. Es indispensable que, mediante la movilización y el voto popular, rechace el retorno de las fuerzas políticas que durante décadas han gobernado en contra del interés nacional. Solo así podrá abrirse paso una Colombia más justa, independiente y digna.
