En una reciente entrevista radial, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona protagonizaron un tenso debate sobre los límites entre la oposición democrática y el bloqueo institucional que estaría enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La intervención a las EPS es una herramienta utilizada para intentar salvar instituciones en crisis que prestan un servicio esencial a millones de personas.
La oposición violenta al presidente Gustavo Petro ha alcanzado niveles de virulencia que rayan en lo antidemocrático. Las críticas y el control político son esenciales en cualquier sistema republicano, pero lo que hoy vive el mandatario no es mera fiscalización: es un acorralamiento sistemático e inmisericorde.
En medio de profundas transformaciones en América Latina, una nueva figura emerge en Colombia: Carolina Corcho, la médica psiquiatra y politóloga que busca continuar la estela de líderes progresistas como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Barrancabermeja,se desangra lentamente mientras las autoridades miran hacia otro lado. El silencio institucional es estruendoso. En cada debate de control político, cuando se habla de seguridad en el departamento de Santander o en el Magdalena Medio, Barrancabermeja apenas si es mencionada.
En Colombia, el discurso de los derechos humanos ha sido históricamente una bandera de lucha legítima frente a los abusos del poder. Sin embargo, cuando esa bandera es tomada por actores políticos que, lejos de buscar justicia y equidad, encubren intereses partidistas, se convierte en una herramienta peligrosa que mina la democracia y confunde a la opinión pública.
La relación entre la derecha política —especialmente en países como Colombia— y el cristianismo, (incluye evangélicos y católicos), ha sido duradera, intensa y profundamente contradictoria.
En tiempos de cambio, el ruido es inevitable. Las sociedades que se transforman, que intentan corregir sus fallas estructurales y avanzar hacia modelos más justos, despiertan temores y resistencias.
En Colombia, los mismos sectores políticos que durante décadas se han lucrado del poder y que han gobernado de espaldas al pueblo, hoy pretenden erigirse como guardianes de la Constitución.
La clase política tradicional en Colombia parece no tener remedio. Una y otra vez demuestra que su prioridad no es el país ni sus ciudadanos, sino sus propios intereses.
