En los últimos meses, la discusión pública en Colombia ha estado marcada por un término que la oposición ha querido posicionar: “rompimiento institucional”.
Sin embargo, lo que realmente está en juego es la confrontación entre un gobierno que plantea reformas sociales y estructurales de fondo, y una alianza poderosa de la vieja clase política y empresarial que se resiste a perder privilegios históricos.
Esta narrativa no es más que un intento de desviar la atención de lo que verdaderamente significa el proyecto transformador del gobierno de Gustavo Petro: desmontar los monopolios privados que han vivido de los recursos públicos a costa del bienestar de la ciudadanía.
¿A que se refieren con rompimiento institucional?
El llamado “rompimiento” en realidad se refiere a que el gobierno pretende quitar a las EPS el manejo de los recursos de salud que han sido mal administrados y, en muchos casos, objeto de corrupción.
Igualmente, cuestiona el modelo de los fondos privados de pensiones, que durante décadas recaudaron aportes sin garantizar una jubilación digna a la mayoría.
También está la apuesta por revisar las altas tarifas de energía, el cobro desmedido en los peajes y la forma en que los subsidios estatales terminan favoreciendo universidades privadas en lugar de fortalecer la educación pública.
En todos estos frentes, la resistencia de las élites ha sido férrea, no porque se trate de una defensa de la democracia, sino porque se tocan intereses económicos profundamente enraizados.
La oposición, lejos de proponer un debate serio, ha optado por un discurso vacío y agresivo.
Sus voceros repiten consignas cargadas de odio, alimentan fantasmas de guerra y pretenden sembrar miedo en la población. La carencia de propuestas alternativas revela que lo que está en riesgo no es la institucionalidad del país, sino la hegemonía política y económica de quienes se han beneficiado del statu quo.
Lamentable el papel que juegan algunos sectores del progresismo
En este contexto, resulta lamentable el papel que juegan algunos sectores del progresismo que, en lugar de cerrar filas en defensa de las reformas, han dirigido ataques internos contra figuras como Daniel Quintero Calle.
El exalcalde de Medellín, hoy precandidato del Pacto Histórico, ha sido blanco de acusaciones de corrupción en procesos claramente permeados por la política local.
La Fiscalía en Medellín, influenciada por la cercanía de Federico Gutiérrez, adversario directo de Quintero, ha impulsado procesos judiciales que ponen en duda la imparcialidad de las investigaciones. Aun así, ciertos sectores progresistas han preferido repetir estas acusaciones sin reconocer la persecución política que enfrenta Quintero.
Lo más grave es que al descalificarlo públicamente terminan amplificando el discurso de la derecha.
Los medios de comunicación tradicionales, que han operado como verdaderos activistas políticos contra el gobierno, aprovechan estas divisiones para enlodar a todo el progresismo, debilitando el proyecto de transformación y desviando la discusión hacia acusaciones sin sustento.
Esta dinámica recuerda los resentimientos históricos que figuras como Jorge Robledo han mostrado contra Petro: disputas internas que sólo fortalecen a los adversarios.
Unidos tenemos con qué ganar
Dentro del progresismo existen liderazgos valiosos como Carolina Corcho, médica y politóloga que se ha destacado como defensora de la reforma a la salud y como una voz clara en favor de los sectores populares. Igualmente, el senador Iván Cepeda representa una fuerza ética y política incuestionable, con un compromiso probado por la paz y la justicia, siendo un protagonista en procesos judiciales claves contra el expresidente Álvaro Uribe.
Tanto Corcho como Cepeda son cartas fuertes para la continuidad del cambio y encarnan las banderas de este gobierno. Sin embargo, la competencia legítima con Quintero no debería derivar en un desgaste interno que termina siendo instrumentalizado por los enemigos del progresismo.
El verdadero problema no es Quintero, ni Corcho, ni Cepeda.
El problema es que la división interna alimenta la estrategia de la derecha. Mientras los sectores progresistas se atacan entre sí, los grandes medios de comunicación invisibilizan a sus líderes y se concentran en inflar candidaturas débiles de la oposición.
Los más de 50 precandidatos de la derecha no han logrado conectar con la ciudadanía, pero encuentran en las disputas internas del progresismo la oportunidad perfecta para reposicionarse.
El reto del Pacto Histórico es, entonces, superar la mezquindad y la envidia política.
No se trata de uniformidad ni de negar los debates necesarios, pero sí de evitar que la crítica interna se convierta en un arma al servicio de quienes buscan frenar las reformas. Si algo ha demostrado este proceso histórico es que la unidad es indispensable para sostener el cambio. Fragmentar esa fuerza sería un error estratégico imperdonable.
