Que un avión llegue con compatriotas esposados y rebajados a la condición de mercancía humana debería ser una señal de alarma nacional. Que el presidente lo devuelva para exigir trato digno —y logre que los deporten en condiciones humanas— es, en cambio, presentado por algunos como un “error” estratégico.
No: fue un acto mínimo de decencia. Colombia no puede permitir que sus ciudadanos sean tratados como piezas prescindibles en un tablero ajeno.
La reacción, sin embargo, ha sido reveladora.
Mientras Petro exigía respeto por la dignidad de quienes fueron deportados, sectores de la oposición, con su llamada “diplomacia”, se doblegaron ante el agresor: casi organizan comisiones de disculpa y, lo que es peor, varios alcaldes —que deberían dedicarse a gobernar sus ciudades— se convirtieron en mensajeros de sanciones contra la patria al reunirse con la ultraderecha extranjera para pedir castigos contra Colombia.
Es una conducta que roza la traición
Usurpan funciones del Ejecutivo, rompen el marco constitucional y ponen intereses privados y personales por encima del interés nacional.
La narrativa de la “culpa de Petro” se ha repetido como un mantra, incluso cuando las acciones punitivas han sido parte de políticas globales o decisiones unilaterales del socio mayor.
Hace meses, cuando Estados Unidos aplicó aranceles que afectaron a varios socios, la prensa opositora volvió a señalar al presidente como causa de todo, a pesar de que las medidas fueron parte de una política económica más amplia.
Esa simplificación exime a los traidores locales de su responsabilidad
¿Quién habló cuando se vulneró la dignidad de los deportados?
¿Quién defendió a los pescadores colombianos caídos por bombardeos en aguas nacionales?
La revocatoria de la visa presidencial por parte de Estados Unidos —medida que el Gobierno colombiano calificó como uso impropio de la política de visados— es el síntoma de una relación bilateral enrarecida que no admite complacencias automáticas.
Cuando un jefe de Estado condena lo que considera genocidio y eleva su voz en foros internacionales, la respuesta debería ser prudencia diplomática y defensa del interés nacional, no sumisión ni silencios cobardes.
Mientras tanto, la oposición apátrida calla cuando debe gritar y vocifera cuando debe pensar.
Apoya políticas que legitiman agresiones, acusa sin pruebas al Presidente de delitos fabulosos y monta campañas mediáticas que buscan erosionar la legitimidad democrática.
Esa derecha anacrónica, clientelista y corrupta —beneficiaria de privilegios en energía, salud y peajes— demuestra día a día que su prioridad no es el país sino sus negocios. La respuesta ciudadana debe ser clara: negarles el voto y su retorno al poder.
Este episodio, en suma, desnuda algo peor que un conflicto diplomático: muestra que sin dignidad interna no hay defensa externa.
No se trata sólo de quién gobierna; se trata de la cultura política que toleramos.
Si aceptamos que alcaldes y precandidatos presidenciales negocien sanciones contra su propio país, o que los medios minimicen la humillación de nuestros compatriotas, estamos construyendo un país sin autoestima.
La próxima elección debe ser un plebiscito por la dignidad
Castigar la sumisión y premiar a quienes ponen primero a los colombianos. Colombia merece una diplomacia con altura, pegada a la defensa de su gente y coherente con sus principios. Humillarse no es negociar; arrodillarse no es realpolitik; someterse no es estrategia.
Exigir dignidad para nuestros deportados, investigar las agresiones en nuestro mar y defender la soberanía no es heroísmo imprudente: es deber patriótico.
