Muy a pesar de los excelentes resultados alcanzados por el gobierno del presidente Gustavo Petro en distintos frentes —como la economía, la estabilidad de la moneda, la reducción de la inflación y del desempleo a cifras históricas—, persiste una oposición que parece más interesada en atacar que en proponer.
Las elecciones se aproximan y el Partido Liberal colombiano atraviesa quizá la crisis más profunda de su historia reciente.
En los últimos meses, la discusión pública en Colombia ha estado marcada por un término que la oposición ha querido posicionar: “rompimiento institucional”.
La intervención del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU se convirtió en un acontecimiento político de alcance mundial.
El abrebocas de las elecciones al Congreso en 2026 estará marcado por las primarias que realizará el Pacto Histórico. Estas consultas internas serán determinantes porque permitirán definir los nombres que ocuparán los puestos en el sistema de lista cerrada con cremallera, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado.
Aunque estos ejercicios estadísticos de medición electoral no pueden considerarse encuestas en sentido estricto, por las múltiples variantes que pueden alterarlos, lo cierto es que los resultados obtenidos hasta el corte del jueves 25 de septiembre llaman poderosamente la atención.
La entrevista publicada recientemente en El Heraldo de Barranquilla, en la que el excongresista David Luna lanzó acusaciones sin pruebas contra el gobierno nacional y buscó posicionarse como supuesto adalid en la lucha contra el narcotráfico, ha generado una fuerte respuesta ciudadana.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación que Estados Unidos hizo a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico desató de inmediato un fuerte debate político.
En Colombia, la crisis del sistema de salud se ha convertido en un campo de batalla político, mediático y financiero. Sin embargo, más allá de los discursos, hay una realidad que no se puede ocultar: los principales responsables del colapso financiero de las EPS y de las multimillonarias deudas que hoy ahogan el sistema, son precisamente quienes durante años defendieron, justificaron y blindaron sus prácticas.
En este momento decisivo para el país, cuando las fuerzas progresistas enfrentan el desafío de consolidar un proyecto de transformación social, es un error estratégico desgastarnos en disputas internas y reproducir los discursos que ya fueron derrotados en las urnas.
