En Colombia hay que tener especial atención con esos candidatos que se autodenominan de centro y que insisten en combatir los supuestos “extremos”, hablando permanentemente de una polarización que —según ellos— estaría imponiéndose en el proceso electoral.
Buscan posicionar la idea de que el país está atrapado entre derechas e izquierdas irreconciliables y que la única salida razonable es una opción templada, moderada, aparentemente imparcial. Sin embargo, la solución jamás podrá surgir de quien, en medio de la viveza política, posa de árbitro neutral mientras elude el verdadero debate de fondo.
La realidad es muy distinta a esa narrativa simplificada.
El asunto que hoy distancia posiciones no es un capricho ideológico ni una guerra emocional entre bandos irreconciliables. Está estrictamente ligado a las reformas sociales que impulsa el progresismo y que buscan desmontar la intermediación financiera de grandes grupos empresariales en asocio con la politiquería tradicional.
Durante décadas, esos sectores (tibios y derechas) han usufructuado privilegios y se han mantenido en el control de rentas, contratos y tributos que paga la ciudadanía por casi todo.
Ese modelo económico, de carácter neoliberal y rentista, ha consolidado una de las desigualdades más profundas del planeta.
¿Dónde está entonces la trampa del mal llamado centro?
En que, aunque se presenta como una alternativa distinta a la vieja clase política, en el fondo comparte la defensa del mismo modelo económico.
Puede cambiar el tono, puede moderar el discurso, puede evitar los gritos y las descalificaciones abiertas, pero cuando se revisan sus propuestas estructurales, la coincidencia es evidente: preservan la lógica de intermediación, la concentración de privilegios y la priorización de intereses empresariales sobre el bienestar colectivo.
El discurso de los “extremos” cumple una función estratégica: confunde y enreda al electorado.
Al presentarse con el barniz de la sensatez, los mal llamados centristas intentan convencer a la gente de que el problema central es el tono del debate, no el contenido de las reformas.
Afirman que la polarización es insostenible y que su misión es apaciguarla, pero omiten que lo que realmente está en discusión es si se transforma o no un modelo económico que ha excluido históricamente a las mayorías.
Así, convierten una disputa sobre derechos sociales en un asunto de modales y estilos.
En la práctica, tanto los partidos tradicionales como los mal llamados tibios de centro han coincidido en frenar o diluir las reformas sociales desde las instituciones y desde la opinión pública.
No es casualidad que, cuando se trata de reformas estructurales, aparezcan los mismos argumentos de inviabilidad fiscal, de riesgo para la inversión o de amenaza para la estabilidad.
Cambian las palabras, pero la defensa del statu quo permanece intacta.
Hoy, dos candidatos (Sergio Fajardo y Claudia López) que se identifican con ese centro compiten —según encuestas— por un eventual paso a segunda vuelta con el propósito explícito de derrotar lo que denominan “el extremo”.
Pero si esa derrota llegara a concretarse, lo que realmente perdería no sería un sector político abstracto, sino la posibilidad de profundizar reformas que buscan devolver derechos y beneficios arrebatados a las clases populares.
Por eso hay que mantener la claridad.
No se trata de caer en provocaciones ni de alimentar divisiones artificiales, sino de entender que la supuesta neutralidad puede ser, en realidad, una forma sofisticada de conservar privilegios.
La decisión final está en manos de la ciudadanía: defender lo ganado, exigir coherencia y no dejarse seducir por una imparcialidad que, examinada con lupa, termina inclinándose siempre hacia el mismo lado.
Hay que decirlo sin rodeos
Claudia López y Sergio Fajardo se opusieron al aumento del salario mínimo, rechazan la paz total, buscan debilitar la educación pública para favorecer intereses privados, defienden la intermediación financiera en salud, no apoyan la reducción de peajes y sus alfiles en el congreso han bloqueado reformas laborales, pensionales y de salud.
Respaldan prácticas extractivas como el fracking y promueven políticas de corte neoliberal y rentista. En esencia, sus prioridades están alineadas con los intereses empresariales antes que con las necesidades de la gente.
