Mientras existan elecciones, existirá el riesgo del fraude. Esa es una realidad histórica que no distingue ideologías ni partidos. Por eso, en lugar de generar molestia o descalificar las advertencias, debería entenderse que extremar las prevenciones es una medida saludable para cualquier democracia.
Si los controles son para todos por igual, no son un ataque contra alguien en particular, sino una garantía para todo el sistema electoral.
En Colombia, la controversia reciente surge por las críticas del presidente Gustavo Petro al esquema dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a la próxima jornada electoral.
El presidente ha sido claro en diferenciar entre “mostrar” fragmentos del código fuente del software electoral y “entregarlo” para que expertos independientes lo examinen a profundidad.
Para él, esa diferencia es clave
La transparencia no se limita a exhibiciones parciales, sino que implica permitir una auditoría técnica real que despeje cualquier duda.
Si el propio jefe de Estado y el partido de gobierno manifiestan inquietudes, lo razonable sería disiparlas con mayor apertura, no responder con ataques.
La transparencia no debería ser vista como una concesión política, sino como una obligación democrática. Entregar el código para revisión —aunque la normativa vigente no lo exija— podría convertirse en un gesto poderoso de confianza institucional.
Thomas Greg & Sons
Las críticas al presidente también se han centrado en sus advertencias sobre posibles riesgos si empresas privadas manejan simultáneamente el software electoral y bases de datos sensibles.
En ese contexto, ha mencionado a la firma Thomas Greg & Sons. Más allá de la polémica, el punto de fondo es si existen o no suficientes cortafuegos institucionales para impedir conflictos de interés.
Cuando se trata de elecciones, incluso la mera apariencia de vulnerabilidad debería ser atendida con rigor.
El debate no es nuevo.
En 2018, el Consejo de Estado falló a favor del partido MIRA tras comprobar irregularidades que afectaron su representación en el Congreso.
Algunos califican lo ocurrido como sabotaje, otros como fraude. Más allá de la etiqueta, lo cierto es que se perdieron curules que sólo pudieron recuperarse después de un largo proceso judicial. Para partidos pequeños, esa carga puede ser insostenible.
En 2022 también se registró una diferencia significativa entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones legislativas, que impactó al partido del presidente Petro.
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Aunque las autoridades explicaron que el escrutinio —resultado oficial— corrigió omisiones del preconteo, el episodio dejó lecciones sobre la necesidad de testigos electorales bien preparados y sistemas auditables.
En democracia, la confianza no se impone; se construye. Y se construye con controles robustos, auditorías independientes y apertura total frente a las dudas razonables.
Prevenir y pedir garantías no es atacar la institucionalidad. Al contrario, es fortalecerla.
Si las medidas de transparencia benefician a todos los partidos —oficialistas y opositores—, entonces no deberían generar temor. En un país con antecedentes de controversias electorales, extremar las precauciones no debilita la democracia: la blinda.
Al final, lo que está en juego no es la imagen de un gobierno o de una entidad, sino la legitimidad del voto ciudadano. Y esa legitimidad sólo se sostiene cuando cada sector político, sin excepción, siente que las reglas son claras, verificables y equitativas.
