A quienes ejercen el periodismo desde medios tradicionales hay que reconocerles un derecho fundamental: defender sus ideas, cuestionar a los gobiernos y mantener la línea editorial que consideren conveniente.
Nadie debería perseguirlos, censurarlos ni pretender quitarles sus espacios por sus posiciones políticas.
Pero precisamente por defender la libertad de prensa, deberían defender también el derecho de quienes piensan diferente a tener las mismas oportunidades.
El problema no es que existan medios de derecha.
El problema aparece cuando el acceso al espectro electromagnético y a las grandes audiencias termina concentrándose en determinadas corrientes políticas, mientras otras encuentran enormes dificultades para construir emisoras, canales y proyectos periodísticos con alcance nacional.
La respuesta democrática no debe ser cerrar medios existentes ni obligarlos a cambiar su orientación.
Abrir más espacios.
Colombia necesita discutir seriamente una política de asignación de licencias de radio y televisión que permita la entrada de nuevos actores y garantice una mayor diversidad de voces: progresistas, independientes, comunitarias, regionales y de todas las corrientes que quieran ejercer responsablemente el periodismo.
A ustedes, periodistas de medios tradicionales, les pregunto
Si consideran legítimo que sus medios puedan defender sus posiciones, ¿por qué no debería existir la misma posibilidad para periodistas progresistas?
La libertad de expresión no puede convertirse en un derecho reservado para quienes ya poseen frecuencia, infraestructura, audiencia y capacidad económica.
Ampliar el número de licencias no significa censurar a nadie.
Significa democratizar el acceso a la palabra pública.
Una democracia saludable no necesita menos medios, sino más medios. No necesita menos opiniones, sino más posibilidades de contrastarlas.
Defender la libertad de prensa implica defenderla incluso cuando la voz que reclama espacio piensa diferente de nosotros. Esa es, precisamente, la prueba de una verdadera democracia.
La doble moral en su máxima expresión.
El Estado cierra la adjudicación de nuevas licencias para medios de comunicación con el argumento de “proteger” el negocio de la información — desmontando el cuento del libre mercado y la libre oferta — y, según ellos, también para proteger la libertad de expresión y de prensa.
Pero, en la práctica, le cierran la puerta a nuevas voces que reclaman las mismas condiciones para poder hacerse escuchar.
