Durante años, como presidente de la ANDI, se convirtió en uno de los principales opositores a las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Su discurso representó, para muchos colombianos, la defensa de un modelo económico en el que los intereses empresariales y financieros han tenido históricamente un enorme poder sobre las decisiones públicas.
Enemigo de la clase trabajadora
Frente a la reforma laboral, Mac Master advirtió reiteradamente sobre una supuesta destrucción masiva de empleos y afectaciones a las empresas.
Sin embargo, esos pronósticos fueron derrotados con los resultados posteriores de la economía y, particularmente, con la evolución del empleo, que mostró una reducción del desempleo durante el período.
En la reforma a la salud, su posición fue igualmente contundente y nefasta.
Calificó el proyecto como un “desastre” y cuestionó su sostenibilidad financiera.
Pero aquí aparece una pregunta que resulta imposible ignorar:
¿Por qué tanta preocupación por la administración pública de los recursos y tan poca indignación frente a los problemas financieros encontrados durante años en varias EPS?
La propia Contraloría General de la República ha advertido sobre la gravedad de la situación financiera.
Según sus hallazgos, las obligaciones acumuladas de las EPS alcanzaron decenas de billones de pesos y, en el caso de Nueva EPS, se identificaron alrededor de $17 billones en anticipos sin legalizar, es decir, recursos cuyo destino no estaba debidamente justificado en los registros disponibles.
El organismo de control también advirtió sobre riesgos fiscales y patrimoniales y dificultades para establecer con precisión el uso de recursos públicos.
¿Cómo puede defenderse con tanta vehemencia un sistema que presenta semejantes problemas de transparencia, control y sostenibilidad?
En materia pensional, Mac Master defendió el papel de los fondos privados y cuestionó el sistema de pilares propuesto. En materia tributaria, rechazó aumentos de cargas para las empresas argumentando riesgos para la competitividad.
Su trayectoria al frente de la ANDI deja, por tanto, un debate abierto sobre el papel de los gremios empresariales en una democracia: defender legítimamente los intereses de sus afiliados, sí; pretender que esos intereses estén por encima de los derechos sociales de millones de colombianos, no.
Sale por presión de la Patria Milagro
Pero si su salida ocurre en un contexto de nuevas presiones políticas sobre los gremios propuesta por el gobierno de Abelardo, la respuesta democrática no puede ser la persecución del contradictor.
Si ayer – con Petro – se defendía la libertad sindical y gremial frente al poder del Estado, hoy debe defenderse igualmente la autonomía de quienes piensan diferente.
Porque sacar del juego al contradictor tampoco es democracia.
Las reformas pueden discutirse, criticarse y modificarse, pero los empresarios, trabajadores, sindicatos y gobiernos deben poder enfrentarse políticamente dentro de las reglas institucionales.
Ese debería ser el verdadero límite para cualquier gobierno, incluido el de Abelardo de la Espriella.
