Tras hacer lo imposible por tumbar la reforma pensional y desacreditarla a toda costa, ahora buscan lavarse las manos, empleando argumentos tan ruines como la supuesta falta de trámite debido en su aprobación en la Cámara.
El caso de alias Papá Pitufo es un claro ejemplo de cómo el contrabando y la corrupción han permeado las más altas esferas del poder en Colombia durante más de 25 años.
La crisis política en Bucaramanga se agrava con cada decisión del alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien, en menos de dos meses, ha tomado vacaciones en tres ocasiones: del 1 al 7 de diciembre de 2024, del 28 de diciembre al 6 de enero de 2025, y nuevamente del 14 de febrero al 6 de marzo.
El cubrimiento mediático que los medios tradicionales de comunicación en Colombia han dado al metro elevado de Bogotá ha sido un ejemplo evidente de parcialidad y falta de rigurosidad periodística.
Jaime Andrés Beltrán llegó a la alcaldía de Bucaramanga promocionándose como el Bukele colombiano, con un discurso de «mano dura» contra la delincuencia, vendiéndose como la alternativa a la inseguridad desbordada que afectaba la ciudad.
En Colombia, la estrategia de la oposición ha sido clara: enfocar su discurso en la personalidad del presidente Gustavo Petro para desviar la atención de los cambios profundos que se están dando en el país.
Hace menos de tres meses, los bumangueses celebraron con júbilo la instalación de la escultura del Leopardo, una obra magistral del reconocido artista Juan José Cobos.
A pesar de que el Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha logrado iniciar transformaciones estructurales que ya se traducen en mejoras en la vida de los colombianos, aún enfrenta una feroz oposición que busca minimizar sus avances.
Las políticas agresivas de mercado pueden tener consecuencias significativas en la economía global, particularmente en el ámbito de la inversión y el comercio bilateral.
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores, especialmente en lo que respecta a su falta de coherencia en la gestión del impuesto predial y su enfoque en temas políticos nacionales mientras la administración local enfrenta desafíos sin resolver.
