En un contexto internacional cada vez más polarizado, las acusaciones de Donald Trump contra el presidente colombiano Gustavo Petro y su gobierno, sumadas a la actitud de ciertos políticos nacionales, revelan una realidad alarmante: algunos de nuestros propios líderes no tienen reparo en vender su país en el exterior, sin importar las consecuencias para la nación.
No hay dignidad en aceptar ni justificar agresiones extranjeras. Esta frase debería ser un principio fundamental en la política exterior de cualquier nación que busque preservar su soberanía, su integridad y el respeto a sus ciudadanos.
En el escenario político colombiano, la aparición de un nuevo grupo integrado por David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán ha sido presentada como una alternativa “de centro”.
Las elecciones se aproximan y el Partido Liberal colombiano atraviesa quizá la crisis más profunda de su historia reciente.
En los últimos meses, la discusión pública en Colombia ha estado marcada por un término que la oposición ha querido posicionar: “rompimiento institucional”.
La intervención del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU se convirtió en un acontecimiento político de alcance mundial.
Aunque estos ejercicios estadísticos de medición electoral no pueden considerarse encuestas en sentido estricto, por las múltiples variantes que pueden alterarlos, lo cierto es que los resultados obtenidos hasta el corte del jueves 25 de septiembre llaman poderosamente la atención.
La entrevista publicada recientemente en El Heraldo de Barranquilla, en la que el excongresista David Luna lanzó acusaciones sin pruebas contra el gobierno nacional y buscó posicionarse como supuesto adalid en la lucha contra el narcotráfico, ha generado una fuerte respuesta ciudadana.
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación que Estados Unidos hizo a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico desató de inmediato un fuerte debate político.
En Colombia, la crisis del sistema de salud se ha convertido en un campo de batalla político, mediático y financiero. Sin embargo, más allá de los discursos, hay una realidad que no se puede ocultar: los principales responsables del colapso financiero de las EPS y de las multimillonarias deudas que hoy ahogan el sistema, son precisamente quienes durante años defendieron, justificaron y blindaron sus prácticas.
