Las recientes denuncias presentadas públicamente por el presidente Gustavo Petro, acompañado por ingenieros, abogados y el colectivo Testigos Digitales, describen irregularidades de enorme gravedad que, de ser confirmadas por investigaciones técnicas y judiciales independientes, podrían constituir uno de los mayores escándalos electorales de la historia reciente de Colombia.
Entre las denuncias figuran:
Formularios E-14 que habrían sido reprocesados después de su digitalización.
Metadatos eliminados.
Documentos que inicialmente aparecían como “página no digitalizada” y que posteriormente fueron publicados con información distinta
Inconsistencias estadísticas en decenas de municipios relacionadas con el censo electoral y la participación.
La democracia no se sostiene únicamente con el acto de depositar un voto.
Su verdadera fortaleza depende de la confianza ciudadana en que cada sufragio sea contado con transparencia, que las instituciones respondan con independencia y que toda denuncia relevante sea investigada con rigor.
Cuando esa confianza se fractura, pierde mucho más que un candidato: pierde el país entero.
A estas denuncias se suman:
Cuestionamientos ya planteados durante el proceso electoral sobre la recolección de firmas para la inscripción de candidaturas, aproximadamente tres millones de firmas falsas en la inscripción del candidato Abelardo de la Espriella
La denuncia del ingreso de recursos provenientes del extranjero y el reiterado incumplimiento del fallo del Consejo de Estado de 2018 que ordenó que el software electoral fuera de propiedad del Estado.
Todas estas circunstancias, por sí solas, ameritan respuestas claras, auditorías independientes y explicaciones públicas que despejen cualquier duda.
No hay garantías de transparencia electoral
Además, el CNE careció de herramientas efectivas para detectar las irregularidades. A ello se suma que uno de sus conjueces, Álvaro Hernán Prada, enfrenta un juicio oral ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, con solicitudes de condena por parte del Ministerio Público.
En ese proceso, el candidato Iván Cepeda figura como demandante y víctima, lo que deja al candidato perdedor con escasas garantías de transparencia y equidad dentro de ese organismo.
Igualmente inquieta el debate sobre el tratamiento mediático de estas denuncias.
Una democracia saludable necesita una prensa crítica que investigue con independencia, sin convertirse en tribunal anticipado, pero tampoco en espectadora silenciosa frente a hechos que merecen escrutinio público.
El silencio, cuando existen cuestionamientos respaldados por elementos que ameritan verificación, nunca fortalece la institucionalidad.
Tampoco puede ignorarse el contexto internacional.
Las presiones de Estados Unidos para reconocer rápidamente unos resultados electorales no deberían sustituir el deber soberano de esclarecer todas las denuncias mediante procedimientos legales, técnicos y transparentes.
La estabilidad democrática no se alcanza ocultando las dudas, sino resolviéndolas.
En una democracia auténtica no basta con proclamar un ganador. Es indispensable demostrar que el proceso fue limpio y verificable. Lo verdaderamente peligroso no es investigar; lo peligroso es renunciar a hacerlo. Porque cuando la verdad deja de importar, la democracia comienza a perder su razón de ser.
