Un rasgo de personalidad de Iván Duque que se develó durante la Presidencia le permite hacer o sostener una cosa y la contraria en poco tiempo. Esta semana presidió un homenaje a Horacio Serpa después de que hace poco aupaba la infamia de que habría podido participar en el crimen de Álvaro Gómez.
En pleno mes de marzo, supuestamente el mes dedicado a levantar el ánimo de la mujer colombiana en este ambiente de violencia enraizada, aparece el señor Camilo Gómez, el flamante director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y, por ende, representante del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la periodista Jineth Bedoya.
Asistimos hoy a novedosas formas de autoritarismo electoral, fanatismos políticos, procesos articulados de desinformación masiva y una pandemia que ha servido de pretexto para que distintos gobiernos afecten de manera desproporcionada derechos fundamentales y garantías institucionales.
Un fenómeno extraño y premonitorio ocurrió este último día del mes más corto del año. Uno a uno empezó a congregarse por una de las plataformas tecnológicas en boga cientos de dirigentes sindicales, hombres y mujeres, de todo el país y todos los sectores económicos y del gobierno, para una charla sobre política y sindicalismo. Era domingo y el evento estaba convocado para las nueve de la mañana.
Hice en Stories una explicación fácil de por qué no celebramos el #8M, porque mucha gente realmente no entiende cuál es el motivo. La dejo por si les sirve.
En ajedrez el enroque deja mover dos fichas. Es lo que Duque, Carrasquilla y Bayón quieren jugar para tapar agujeros negros en la Hacienda, con la compra por Ecopetrol de 51,4 por ciento de las acciones en Interconexión Eléctrica –ISA–, de propiedad de la Nación. La petrolera comunicó a la Superfinanciera el 27 de enero la Oferta No Vinculante.
El 24 de agosto del año pasado la desprestigiada Sala Disciplinaria del antiguo Consejo Superior de la Judicatura realizó una audiencia que podría enmarcarse en una escena costumbrista de la picaresca judicial colombiana: tres abogados de lo más granado (“s”) del derecho penal, a saber: Jaime Lombana, Iván Cancino y el advenedizo Diego Cadena representado por Cancino, se enfrentaban a un preso iletrado que asistió a la diligencia —desde la cárcel La Picota— solo, sin defensor, a pesar de que había sido convocado para ser interrogado.
La JEP, la justicia especial para la paz, que hace unos días sacó una denuncia terrible de crímenes de guerra contra la guerrilla de las FARC por sus secuestros, saca ahora otra igualmente terrible contra las fuerzas del Estado que combatían a esa guerrilla.
Que la gestión de Richard Aguilar frente a la Gobernación de Santander (2012-2015) haya sido objeto de acusaciones de corrupción no es novedoso.
Primero nos dejaron en la inopia, es decir en la ignorancia. Mientras los demás países de la región cerraban acuerdos con las farmacéuticas para la compra de vacunas, aquí en Colombia el presidente Duque tuvo tiempo para todo menos para llegar a la negociación con las farmacéuticas cuando tenía que hacerlo.
Lo que nos lleva al segundo acto de esta tragedia.
Nos han mentido con todos los anuncios que han hecho sobre la llegada de la vacuna y nos siguen mintiendo.
Comencemos con las famosas vacunas de Covax, una ONG que se creó recientemente para garantizar el libre acceso de todos los países a esa vacuna. Colombia entró a formar parte de Covax desde julio pasado y, según lo afirmado por el gobierno Duque, iba a recibir por esa vía 20 millones de dosis con las que iba a vacunar a 10 millones de personas.
Primero, el gobierno de Duque anunció que llegaban para enero. Luego, que para febrero. Más tarde dijo que en julio, y, ahora, que sienten la presión, dijo que lo más seguro es que lleguen en abril. Es decir que en realidad el gobierno no sabe cuándo ni cuántas vacunas van a llegar.
Los expertos más optimistas con quienes consulté creen que podrían llegar en abril y los más pesimistas en julio, pero todos estuvieron de acuerdo en afirmar que, debido a los problemas de producción de la mayoría de los laboratorios, si la vacuna llega, las dosis van a ser mucho menores de lo esperadas.
Es decir, podrían llegar cerca de 6.300 dosis que servirían para vacunar a 3 millones de colombianos de los 14 millones que, según el gobierno, hay que vacunar en la primera etapa. Pero si llegan menos –ya se habla de una cifra de 800 mil dosis–, solo se podrían inocular a 400 mil colombianos, lo que no deja de ser casi que un saludo a la bandera.
Duque se equivocó al poner todos los huevos en la misma canasta –Covax– porque esa apuesta no funcionó, como bien lo afirmó la experta Claudia Vacca en un programa de Maria Jimena En Vivo.
Mientras Chile, Argentina y México le apostaron de manera simultánea a Covax y a la negociación directa con las farmacéuticas (incluso antes de que las vacunas hubieran sido certificadas por la FDA), el presidente le apostó solo a Covax.
Y lo que es más grave, tampoco supo cómo negociar con las farmacéuticas de manera directa cuando se vio obligado a hacerlo.
Mientras países como Chile, Argentina y México invirtieron a riesgo en la compra de la vacuna, Colombia decidió dárselas de democracia transparente y se abstuvo.
¿Y saben por qué lo hizo? Pues porque el Estatuto de Salud les prohibía invertir recursos de ese sector en medicamentos no aprobados, y, si lo hacían, los ministros podían terminar en la cárcel acusados de peculado y de detrimento patrimonial.
Colombia se abstuvo de invertir a riesgo en las vacunas que no estaban aprobadas porque no tenían ninguna ley que se los permitiera. Por eso hicieron una nueva ley que les permitiera utilizar los recursos de la salud en medicamentos no aprobados.
Esa tesis no se la cree nadie, menos en un país donde los corruptos tienen secuestrado el poder y el sicariato judicial es una práctica cada vez más acendrada.
Aquí se roban todos los días los recursos de la salud de manera impune, a pesar de que la ley se los prohíbe, pero resulta que cuando se trata de salvar vidas el estado no se puede arriesgar a invertir en la vacuna por temor a los órganos de control que él mismo controla.
El gobierno ha tratado de decir que la demora en la firma de los acuerdos con los laboratorios se debió a que tuvo que presentar este proyecto de ley que le permitía utilizar los dineros de la salud para la compra de vacunas.
Y de nuevo: en un país donde se han feriado los recursos de la salud de manera impune, tener que esperar a que hubiera una ley para poder hacer un acuerdo con los laboratorios que producen las vacunas, es de un cinismo mayúsculo.
Al presidente le falto decisión y agallas para hacer lo que había que hacer y le sobraron rodilleras a la hora de negociar con los laboratorios.
Argentina, por ejemplo, no accedió a las presiones de Pfizer y decidió irse por la vacuna rusa, una vacuna que tampoco va a tener Colombia porque nuestra política internacional, diseñada por el coco del castrochavismo, le prohíbe hacer negocios con los rusos porque apoyan a Maduro.
El gobierno no solo se equivocó al creerle a Covax, sino que llegó ya muy tarde a la negociación directa con los laboratorios cuando la cola para la compra de vacunas era demasiado larga y los problemas de producción de los laboratorios eran evidentes.
Por eso los anuncios que se hicieron a final de diciembre sobre nuevos acuerdos con laboratorios como el de Pfizer, AstraZeneca y Jenssen son por ahora un deseo.
Pfizer tiene unos problemas de producción enormes y está incumpliéndole a los países que llegaron primero, y le apostaron a una vacuna que todavía no había sido aprobada por la FDA.
Italia acaba de demandar a ese laboratorio por incumplimiento, y lo mismo está sucediendo con AstraZeneca, con quien Colombia firmó un acuerdo para la compra de 10 millones de dosis.
Y si estos laboratorios no les pueden cumplir a esos países, imagínese cuándo nos van a cumplir a nosotros que llegamos de ultimas en la fila.
Y la vacuna de Jenssen –laboratorio que se comprometió a entregar 5 millones de dosis– todavía no ha sido aprobada por la FDA, lo que significa que también se va a demorar.
Después de consultar a varios científicos y expertos, todos coincidieron en que la vacunación masiva va a comenzar en julio, cuando parece que se habrían solucionado ya los problemas de producción de Pfizer, que es al parecer el único de los laboratorios que tiene una capacidad de producción.
Para que la vacunación tenga efecto y se logre la inmunidad de rebaño se necesitan por lo menos cuatro o cinco meses, lo que significa que todo este año el virus va a estar circulando si es que empezamos a hacer la vacunación masiva desde julio.
Es hora de que el presidente nos diga la verdad y nos deje de mentir, que le diga al país que la vacuna se demora, y que, si llega, no se va a poder empezar a hacer la vacunación masiva sino hasta julio si es que bien nos va.
Según un experto como Fernando de La Hoz, es muy posible que cuando llegue la vacuna ya hayamos pasado varios picos y se haya producido la inmunidad de rebaño, como dijo en María Jimena En Vivo. Pero no por cuenta de la vacuna, sino por cuenta del contagio.
Su inexperiencia en el manejo internacional de las negociaciones con las farmacéuticas, su falta de arrojo, de liderazgo, nos tienen de primeros en la lista de corrupción (mirar el ranking de transparencia internacional) y de últimos en el acceso a vacunas (mirar ranking de Bloomberg).
Nos gobierna por decreto desde hace un año, restringiendo la democracia y abusando de los estados de emergencia que le confiere la constitución.
Tuvo tiempo también para repartir mermelada en grandes cantidades, para convertir el Congreso en una opereta virtual que acabó con el control político.
Pudo elegir a su Fiscal, a su Procuradora, a su Defensor del Pueblo y a su Registrador.
Tuvo tiempo para todo eso, pero a la hora de utilizar su poder para agilizar la consecución de la vacuna y salvar vidas se acordó de la constitución y de su apego por la ley.
