Ante tanta injusticia… un buen abogado
Nunca antes los colombianos habíamos tenido la oportunidad de presenciar un espectáculo tan bochornoso —de deshonra y desprestigio— como el que hoy vemos en todo el aparato judicial colombiano.
Antes de comenzar de lleno con el tema que me ocupa en esta columna, los habitantes de Barrancabermeja deben saber varios asuntos relacionados con la tragedia que se presentó en las horas de la madrugada del pasado domingo 21 de octubre, donde perdieron la vida nueve (9) personas, tras los deslizamientos de tierra y aludes de barro sobre unas viviendas en un suburbio de la ciudad.
Durante más de 15 años de ejercicio periodístico he tenido la oportunidad de conocer y de entrevistar a un sin número de personas —algunas honorables y destacadas— otras no tanto.
La señora Yvone Gómez Myers, es una dama barranqueña muy conocida en la ciudad porque toda la vida se ha dedicado al negocio de organizar eventos, reuniones sociales y celebraciones de tipo familiar y empresarial. Sin duda, estamos frente a una mujer emprendedora.
El esposo de la Contralora Municipal de Barrancabermeja, el abogado Carmelo Castilla Rojas, sí interviene en los asuntos internos de la Contraloría, e incluso «se ofende» porque abogados y periodistas le solicitan «Derechos de Petición» a la señora Contralora y peor aún, amenaza a quienes usamos (como en mi caso personal) ese derecho legal y constitucional para informarnos de los asuntos del Estado.
Debo confesar que conozco desde hace varios años al penalista, Carmelo Castilla Rojas. Es un buen tipo.
Hoy lunes 9 de julio Barrancabermeja amanece con una mala noticia: «un nuevo paro estudiantil se podría producir en Barrancabermeja ante la no aprobación, por parte del Concejo Municipal, del Proyecto # 008 donde están incluidos los recursos para los colegios públicos de la ciudad y que incluyen el complemento alimenticio, el transporte escolar y dineros para el mantenimiento de la infraestructura de los colegios».
Quiero hacer la siguiente reflexión como contribución al debate. Lo primero, es reconocer que no existe ninguna duda jurídica que una de las funciones Constitucionales y de ley de los Concejos Municipales en Colombia es el ‘Control Político’. Así lo expresa el artículo 38 de la Ley 136 de 1994:
Según dice la página web de Ferticol, la empresa Fertilizantes Colombianos S.A es una compañía del sector petroquímico, creada hace 50 años con el objeto social de producir, distribuir y comercializar productos como el nitrato de amonio, urea, ácido nítrico y nitrato solución con destino a los mercados nacional e internacional.