La señora Yvone Gómez Myers, es una dama barranqueña muy conocida en la ciudad porque toda la vida se ha dedicado al negocio de organizar eventos, reuniones sociales y celebraciones de tipo familiar y empresarial. Sin duda, estamos frente a una mujer emprendedora.
El esposo de la Contralora Municipal de Barrancabermeja, el abogado Carmelo Castilla Rojas, sí interviene en los asuntos internos de la Contraloría, e incluso «se ofende» porque abogados y periodistas le solicitan «Derechos de Petición» a la señora Contralora y peor aún, amenaza a quienes usamos (como en mi caso personal) ese derecho legal y constitucional para informarnos de los asuntos del Estado.
Hoy lunes 9 de julio Barrancabermeja amanece con una mala noticia: «un nuevo paro estudiantil se podría producir en Barrancabermeja ante la no aprobación, por parte del Concejo Municipal, del Proyecto # 008 donde están incluidos los recursos para los colegios públicos de la ciudad y que incluyen el complemento alimenticio, el transporte escolar y dineros para el mantenimiento de la infraestructura de los colegios».
Quiero hacer la siguiente reflexión como contribución al debate. Lo primero, es reconocer que no existe ninguna duda jurídica que una de las funciones Constitucionales y de ley de los Concejos Municipales en Colombia es el ‘Control Político’. Así lo expresa el artículo 38 de la Ley 136 de 1994:
Según dice la página web de Ferticol, la empresa Fertilizantes Colombianos S.A es una compañía del sector petroquímico, creada hace 50 años con el objeto social de producir, distribuir y comercializar productos como el nitrato de amonio, urea, ácido nítrico y nitrato solución con destino a los mercados nacional e internacional.
Por estos días, los estudiantes de los colegios públicos de Barrancabermeja han venido desarrollando algunas actividades de protesta contra la Alcaldía Municipal porque según ellos «el gobierno local debe entregar más recursos para la educación pública en nuestra ciudad».
He estado presente en las audiencias públicas donde se legalizó la captura y se imputaron delitos al Señor alcalde de Barrancabermeja, su señora, funcionarios públicos y particulares.
Antes que nada, quiero hacer una aclaración que me parece muy importante. Los ‘audios’ —de los que haré referencia en esta columna— son grabaciones absoluta y totalmente legales, pues fueron obtenidos tras el desarrollo de una reunión política abierta, con la presencia de numeroso público en la ciudad de Barrancabermeja. Así las cosas, NO me estoy refiriendo a grabaciones ‘ilegales’ (por fuera de la ley) que hayan roto la privacidad del representante de Cambio Radical, Ciro Fernández, porque —repito— estas graves declaraciones fueron pronunciadas ante la presencia de muchos ciudadanos en el puerto petrolero.