Lo que ocurrirá el próximo domingo 26 de octubre es, sin duda, un acontecimiento histórico para Colombia. Por primera vez, el elector primario —es decir, la ciudadanía de base— tendrá la responsabilidad de decidir no solo el orden de las listas al Senado y la Cámara del Pacto Histórico, sino también quién será el candidato presidencial que representará al progresismo en la consulta del Frente Amplio.
No se trata de una votación más, sino de un acto fundacional de la nueva política, un hito que devuelve el poder de decisión a las manos del pueblo, lejos de los escritorios de los caciques electorales que por décadas han decidido a punta de lapicero el destino del país.
Este ejercicio marca un antes y un después.
Por primera vez, el orden de las listas no lo impondrán los clanes ni las cúpulas partidistas, sino los ciudadanos mediante el voto libre y directo.
Este simple hecho, revolucionario en sí mismo, simboliza la ruptura de la vieja política clientelista que ha monopolizado las decisiones. Es el reconocimiento de que el pueblo no solo debe votar, sino participar activamente en la construcción de la democracia.
Del éxito de esta jornada dependerá mucho más que un resultado electoral.
Se juega el futuro de las reformas democráticas que buscan devolverle al pueblo el control de la política, de los partidos y de la representación. Si el proceso logra movilizar masivamente a los ciudadanos, Colombia podría estar dando un paso decisivo hacia una democracia participativa real, donde las bases populares sean el eje de las decisiones políticas.
Sin embargo, este momento de esperanza ha estado acompañado de sombras.
Resulta lamentable y preocupante la intromisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las decisiones internas del Pacto Histórico.
Un organismo que debería fungir como árbitro imparcial se ha comportado, con demasiada frecuencia, como actor político al servicio de intereses de la derecha, intentando frenar el crecimiento del proyecto progresista.
Su afán de intervenir, obstaculizar y retrasar decisiones legítimas deja en evidencia que las instituciones aún no han aprendido a convivir con la pluralidad y la participación ciudadana. Este saboteo institucional no solo atenta contra el Pacto Histórico, sino contra la democracia misma.
La Consulta sigue en pie
Aun así, la consulta sigue en pie, y con ella una disputa apasionante entre dos visiones del progresismo: Iván Cepeda y Carolina Corcho. Dos figuras distintas, dos formas de entender el cambio.
Cepeda representa la izquierda clásica, la del pensamiento estructurado, la denuncia, la ética intachable y la defensa de los derechos humanos. Nadie puede desconocer su trayectoria ni su valentía en la lucha contra la impunidad y el poder de las élites.
Sin embargo, su figura parece anclada a una narrativa que, si bien necesaria, ya no conecta con las nuevas generaciones. Su discurso, serio y coherente, parece carecer de la chispa que hoy demanda una ciudadanía más diversa, digital y participativa.
En contraste, Carolina Corcho encarna el aire fresco del progresismo moderno.
Médica, académica, investigadora y política, Corcho ha logrado fusionar el rigor intelectual con la sensibilidad social, ofreciendo un discurso contemporáneo, dinámico y empático.
Su capacidad para conectar con sectores populares, líderes sociales y clases medias emergentes la posiciona como una figura de futuro.
Frente al apagón mediático que le imponen los grandes medios, su fuerza en redes sociales y su crecimiento orgánico se han convertido en prueba de un fenómeno político en expansión.
La disputa entre Cepeda y Corcho simboliza más que una competencia interna
Representa la transición entre el pasado y el futuro del progresismo colombiano. Cepeda, con su legado de lucha, es la conciencia histórica; Corcho, con su carisma y visión moderna, es la promesa de renovación. Ambos son necesarios, pero solo uno podrá liderar la próxima etapa del proyecto progresista.
El 26 de octubre, entonces, no solo se vota por nombres.
Se vota por un modelo de participación, por una manera distinta de entender la política. Se vota por el derecho del pueblo a decidir sin intermediarios, por una democracia que deje de ser ritual y se convierta en práctica cotidiana.
Si el Pacto Histórico logra hacer de esta consulta un ejemplo de organización, transparencia y movilización, Colombia podrá decir con orgullo que ha dado un paso más hacia el poder ciudadano.
Porque el 26 de octubre, el lapicero ya no estará en manos de los caciques, sino en las del pueblo. Y eso, en un país marcado por la exclusión política, ya es una victoria histórica.
