En Colombia, reclamar el cumplimiento de la ley a los uniformados es visto como una actitud digna de sospecha, cuando no claramente subversiva.
La primera obligación de una autoridad es respetar la ley. No es admisible que a nombre de la defensa del Estado de derecho se violen los derechos de los ciudadanos.
Eso –que debería ser un principio elemental de institucionalidad– no es claro en Colombia.
Un sector grande de la política cree que, en situaciones de alteración del orden público, los organismos de control, la prensa e incluso la ciudadanía, deben hacerse los de la vista gorda frente a los atropellos de la fuerza pública.
Miembros de la Policía Nacional y particularmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deben ser investigados por violaciones a los derechos humanos, cometidas contra civiles durante las protestas del paro nacional, violaciones que no se limitan al homicidio de Dilan Cruz.
El concejal de Bogotá Diego Cancino y su equipo investigaron y documentaron que, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019, la Policía efectuó 872 detenciones de las cuales solo 25 llegaron a ser judicializadas, las demás son ilegales o arbitrarias.
Ahí no para el asunto. De acuerdo con la investigación del concejal Cancino, se presentaron 62 casos de tratos crueles e inhumanos.
Entre ellos está el de Johan Altamiranda, de 19 años, quien asegura que su pesadilla empezó cuando un policía lo arrolló con la motocicleta durante las protestas. Cuando estaba en el suelo, otros uniformados lo molieron a patadas y bolillazos. Después lo condujeron a una instalación policial en Bosa donde fue obligado a desnudarse:
Dana Valentina Reyes, menor de edad, de 16 años, fue detenida cuando protestaba al lado de su mamá en el Portal de las Américas.
Los agentes la subieron junto con otros manifestantes a un furgón. Dana me aseguró que “en el camión aprovechaban para pegarle a uno”. Ella dice que la agarraron del pelo y le golpeaban la cabeza contra las rejas del vehículo mientras le daban bolillazos y patadas en las piernas:
La adolescente sintió una clara amenaza de abuso sexual después de que la descargaron en la estación de Policía de Kennedy:
También hay evidencias de que miembros de la Policía se han extralimitado en el uso de figuras legales como los “traslados por protección” o “traslados por procedimiento policivo” para extender detenciones de personas más allá de los límites legales o mantener a los detenidos en un limbo por horas, sin ponerlos a disposición de un juez o permitirles una comunicación con sus familiares o con un abogado.
El uso de vehículos, sin identificación visible, para conducir civiles arrestados también se ha vuelto un procedimiento habitual. Uno de esos casos le sucedió a María Fernanda Pérez frente a la Universidad Nacional y fue documentado el año pasado por un ciudadano que no se dejó asustar y siguió el carro no identificado, grabando con su teléfono celular.
Esas denuncias pocas veces prosperan en Colombia. Reclamar el cumplimiento de las normas a los uniformados es visto como una actitud digna de sospecha, cuando no claramente subversiva.
24 concejales de Bogotá, le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que celebre una audiencia para revisar temas de abuso de poder a la luz del derecho internacional humanitario pic.twitter.com/LEgHLAYQCA
— Barrancaberm Virtual (@BcaVirtual) February 23, 2020
Texto original tomado de la Revista Semana
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