La privatización de las cárceles representa una amenaza profunda a los valores fundamentales de una sociedad democrática. Hay cosas que, sencillamente, no pueden convertirse en negocio sin destruir su esencia: la salud, la educación y, ahora se pretende, la libertad.
Los mismos actores que impulsaron la privatización del sistema de salud —con resultados marcados por la desigualdad, la corrupción y la desatención— hoy promueven un modelo aún más peligroso: cobrar por persona encarcelada. Convertir el encierro en una fuente de ganancias es cruzar una línea ética que no debería siquiera debatirse.
La experiencia con la privatización de la salud es una advertencia clara.
En Colombia con la intermediación financiera de las EPS, modelo que se financió con pagos adelantados que, lejos de destinarse a la atención de pacientes, fueron desviados a otros intereses.
El resultado fue un sistema que, paradójicamente, ganaba más dinero cuanto menos atendía. Trasladar esta lógica a las cárceles implica un riesgo aún mayor: un esquema que se beneficia económicamente de mantener a más personas privadas de la libertad por más tiempo.
Cuando el incentivo es el lucro, la justicia deja de ser el centro.
En sociedades profundamente desiguales, donde la corrupción ya ha demostrado su capacidad de capturar instituciones, privatizar las cárceles es abrir la puerta a abusos sistemáticos.
¿Qué ocurriría cuando el negocio sea llenar celdas?
¿Quién garantiza que no se promuevan detenciones arbitrarias, condenas más largas o condiciones indignas para reducir costos y aumentar márgenes de ganancia?
No es una hipótesis alarmista; es la consecuencia lógica de un modelo que pone el dinero por encima de los derechos humanos.
La libertad no puede tener precio.
El Estado tiene la obligación indelegable de administrar justicia, garantizar procesos justos y asegurar condiciones humanas para quienes cumplen una condena.
Delegar esa responsabilidad a empresas privadas equivale a renunciar a un principio básico del contrato social. Las cárceles no son fábricas ni mercados: son instituciones que deben orientarse a la rehabilitación, la reinserción social y la protección de la sociedad, no a la rentabilidad.
Privatizar las cárceles sería, además, un atentado directo contra los derechos humanos.
La historia demuestra que cuando la vigilancia pública se debilita y el interés privado se fortalece, aumentan los abusos, la violencia y la opacidad.
La corrupción se dispara porque el control se fragmenta y la rendición de cuentas se diluye. En ese escenario, las personas privadas de libertad —generalmente las más pobres y vulnerables— quedan completamente desprotegidas.
En tiempos electorales, este debate adquiere una relevancia especial.
Es fundamental distinguir entre quienes defienden la vida y la libertad como valores irrenunciables, y quienes priorizan el negocio y la corrupción por encima de los derechos de las personas.
No todo se puede privatizar. La libertad, como la salud, no es una mercancía. Decir no a la privatización de las cárceles es decir sí a la dignidad humana, a la justicia y a una democracia que no se vende al mejor postor.
