Entre los tibios —ese mal llamado centro político— y la extrema derecha se ha configurado en Colombia una alianza tácita cuyo objetivo principal es bloquear, a toda costa, al gobierno progresista del cambio.
Ese “centro”, que en realidad no es más que una derecha vergonzante, ha optado por actuar como dique de contención frente a reformas estructurales que buscan saldar deudas históricas: la restitución de tierras, los subsidios a los adultos mayores, la educación gratuita y el fortalecimiento del Estado social.
Saboteo total
Desde el Congreso y los estrados judiciales, la estrategia es clara: asfixiar legislativa y jurídicamente al gobierno para impedir que cumpla su mandato popular.
Cuando el gobierno intenta abrir salidas institucionales o construir consensos, la respuesta de esta oposición es inmediata: demandas, calumnias y campañas de desprestigio orientado no a mejorar las políticas públicas, sino a sabotearlas para luego capitalizar el caos en clave electoral.
No se trata de una oposición responsable, sino de una que vive del bloqueo y del cálculo político.
Hoy, además, esa oposición se ha convertido en altavoz de las acciones delictivas de fuerzas insurgentes y del narcotráfico. Magnifican cada hecho violento, por aislado que sea, con el fin de instalar una percepción de inseguridad que, aunque parte de problemas reales heredados de gobiernos de derecha, no se corresponde con las cifras.
Los datos muestran que cuando quienes hoy se presentan como “la solución” gobernaron, los niveles de inseguridad eran mayores. Pretenden, así, venderse como remedio de un problema que ellos mismos crearon y nunca supieron resolver.
Clasismo y desprecio por el pueblo
A toda esta oposición al cambio la une un mismo hilo conductor: el clasismo y el desprecio por el pueblo colombiano.
Por eso hoy amanecen indignados cuando el gobierno decide no seguir financiando con recursos públicos una empresa privada como Colfuturo, que concentra el 75 % de sus beneficios en los estratos 4, 5 y 6.
Este episodio resume dos modelos en disputa
Uno que defiende la intermediación financiera que se queda con las utilidades de los tributos, y otro que busca redistribuirlas para mejorar la vida de las mayorías.
En esta época electoral, aprender a diferenciarlos es clave: su voto decide qué modelo prevalece.
