“¡Lo logramos, Santander!”, expresó con entusiasmo el acomodado senador Gustavo Moreno tras conocerse la aprobación de $100 mil millones destinados a la Variante de San Gil, recursos que hoy hacen parte del nuevo presupuesto nacional.
Sin duda, se trata de una inversión importante para Santander, un departamento que durante años ha padecido el deterioro de sus vías y la falta de soluciones estructurales para mejorar la movilidad, la competitividad y la seguridad vial.
Sacar el pecho por el trabajo de otros
Sin embargo, la discusión no debería limitarse a celebrar la asignación de estos recursos, sino a establecer quién los gestionó, cuál fue su papel real en el proceso y qué otras decisiones se tomaron al aprobar el presupuesto.
Porque una cosa es celebrar una inversión necesaria y otra muy distinta atribuirse méritos políticos por una decisión del Gobierno nacional.
En este caso, la destinación de los $100 mil millones parece responder, principalmente, a las prioridades de la administración de Abelardo de la Espriella.
¿De quién es la obra?
La participación del senador Moreno, más allá de un video y una intervención en el Senado, no parece suficiente para presentar este resultado como una gran conquista personal.
Los ciudadanos merecen conocer con claridad el alcance de las gestiones de sus representantes, sin que los anuncios se conviertan en herramientas de autopromoción.
La preocupación aumenta cuando se observa el panorama general del presupuesto.
Mientras Moreno celebra una inversión regional, surgen cuestionamientos por los recortes que, según las cifras difundidas en el debate, afectarían programas de vivienda para las familias más necesitadas, con una reducción del 84 %; al sector agropecuario, con $1,3 billones menos; a la salud regional, con una disminución del 40 %, y a la implementación de la paz.
Facultades para gobernar por decreto
También preocupa el alcance de las facultades que el presupuesto otorgaría al Ejecutivo para realizar ajustes mediante decretos.
Estas decisiones merecen explicaciones públicas, especialmente cuando pueden incidir en la distribución de recursos y en la capacidad de las regiones para atender sus necesidades.
Santander necesita inversiones, pero también congresistas que ejerzan control político, cuestionen las decisiones que afectan a sus comunidades y defiendan los intereses de sus electores.
Celebrar los recursos para San Gil es legítimo
Pero guardar silencio frente a otras decisiones presupuestales plantea interrogantes sobre las prioridades de la representación parlamentaria.
La ciudadanía no puede conformarse con videos triunfalistas ni anuncios de ocasión. Necesita resultados verificables, transparencia y debates de fondo.
La pregunta es sencilla: ¿quién defiende a los sectores más vulnerables cuando sus recursos disminuyen? Definitivamente Moreno no lo es
Porque representar a Santander no consiste solamente en celebrar lo que llega, sino también en responder por lo que se recorta. Y esa responsabilidad no debería quedar eclipsada por un efusivo “¡lo logramos!”.
