La derecha y el centro derecha en Colombia han construido durante años una estrategia política basada en el miedo.
Cada vez que surge una alternativa que cuestiona el modelo tradicional de poder, aparecen las mismas advertencias: “Colombia será otra Venezuela”, “llegará el comunismo”, “se acabará la democracia”.
Hoy el blanco de esos ataques es Iván Cepeda.
Sin embargo, más allá de la propaganda electoral, las posibilidades reales de que Colombia se convierta en una dictadura comunista bajo un eventual gobierno suyo son extremadamente bajas.
La estructura institucional colombiana, la división de poderes, la presión internacional y la misma diversidad política del país hacen prácticamente imposible un escenario de ese tipo.
Pero paradójicamente, quienes más hablan del peligro autoritario son precisamente los sectores que, en un eventual gobierno de Cepeda, harían todo lo posible por bloquear cualquier transformación, sabotear acuerdos y acorralar políticamente al gobierno hasta llevarlo a una situación de máxima confrontación institucional.
Algo parecido ocurre con el debate sobre una posible constituyente.
Mientras la propuesta planteada por Cepeda habla de un acuerdo nacional amplio, con participación de todos los sectores, donde una constituyente solo sería considerada si existe consenso democrático, sus opositores actúan como si el objetivo ya fuera imponer un régimen autoritario.
Lo contradictorio es que esos mismos sectores que dicen temerle a una constituyente son los que menos interés tienen en reformar un sistema profundamente desigual que beneficia a una pequeña élite económica y política.
No más de lo mismo
Colombia lleva décadas funcionando bajo un modelo donde las grandes decisiones económicas y políticas terminan favoreciendo a grupos privilegiados.
Un país donde gran parte de la riqueza y de los recursos públicos pasan por mecanismos de intermediación financiera que benefician a los mismos sectores de siempre.
En prácticamente todos los grandes escándalos de corrupción aparecen contratos, concesiones, fondos, bancos, operadores privados o estructuras de intermediación que terminan absorbiendo recursos que deberían estar destinados al bienestar colectivo.
A eso la derecha llama “democracia”
La derecha llama a ese modelo “democracia”, pero para millones de colombianos se parece más a un sistema feudal moderno donde la ciudadanía trabaja, paga impuestos y sostiene una estructura diseñada para enriquecer a una minoría.
Mientras tanto, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, con enormes brechas sociales y económicas que el modelo neoliberal no solo no ha solucionado, sino que ha profundizado.
Por eso el país vive un momento histórico.
La demanda de cambio ya no es un simple discurso político: es una necesidad social urgente.
El agotamiento con “más de lo mismo” es evidente. Y aunque las élites tradicionales intenten frenar ese proceso mediante campañas de miedo, la voluntad popular de transformar el país parece cada vez más fuerte, más amplia y más difícil de detener.
