Cuando los ocho candidatos de la llamada gran consulta se presentan ante la opinión pública bajo el lema de “unidos por Colombia”, es inevitable preguntarse qué entienden ellos por Colombia.
Porque al escuchar sus discursos, sus trayectorias y los intereses que los atraviesan, se hace evidente que esa idea de país no representa a la mayoría diversa y empobrecida, sino a un reducido sector de familias y grupos económicos que, durante décadas de neoliberalismo, han usufructuado los privilegios del rentismo.
Un modelo sostenido por la intermediación privada de recursos públicos provenientes de tributos que los colombianos pagan por salud, educación, vías, pensiones y servicios básicos.
La llegada del progresismo al gobierno, liderado por Gustavo Petro, alteró ese orden que parecía inamovible.
El intento de devolverle a la ciudadanía el manejo de lo público, de limitar la captura privada del Estado y de poner los recursos al servicio del interés general, encendió las alarmas de quienes han vivido históricamente de ese sistema.
Ese temor a perder rentas, contratos e influencia es, paradójicamente, el verdadero cemento que hoy los une, a pesar de sus diferencias ideológicas, disputas pasadas y rivalidades personales.
¿Sacar al país adelante?
Ellos hablan de ocho visiones distintas y trayectorias diversas, pero de un solo propósito: “sacar al país adelante” y responderle a los colombianos que han cargado durante años con el abandono.
El discurso suena noble, pero también profundamente irónico, incluso cínico, cuando proviene de sectores políticos que han gobernado Colombia durante décadas y que han sido protagonistas del modelo que profundizó la desigualdad hasta convertir al país en uno de los más desiguales del planeta.
En esa amalgama se conjugan fuerzas y partidos tradicionales con un pesado lastre histórico.
Aparece el Centro Democrático y la herencia de la llamada Seguridad Democrática, una política asociada en la memoria colectiva a graves violaciones de derechos humanos. Se suma Cambio Radical, partido golpeado por numerosos escándalos judiciales que involucraron a dirigentes condenados por parapolítica y corrupción.
Se reúnen también los fantasmas de Odebrecht, Reficar, Isagen y otros episodios emblemáticos del saqueo de lo público. Todo ello envuelto en la narrativa de que ahora, unidos, vienen a “salvar a Colombia”.
Le temen al poder del pueblo
Según estos sectores, el verdadero riesgo y la verdadera incertidumbre surgen cuando la ciudadanía pretende manejar las instituciones y beneficiarse colectivamente de los tributos que paga.
Curiosamente, no consideran riesgoso que esos recursos sigan en manos del gran capital, de intermediarios financieros y de empresas que han demostrado, una y otra vez, su propensión a la corrupción y a la concentración de la riqueza.
Para ellos, la incertidumbre no es la pobreza ni la desigualdad, sino la pérdida de control sobre un modelo que les ha sido funcional.
No lo hicieron y no dejan hacerlo ahora
También afirman que al país le faltan soluciones, las mismas que no solo han bloqueado durante los últimos años, sino que tampoco supieron —o no quisieron— construir durante las largas décadas en las que tuvieron el poder.
Así, cuando señalan que “la mejor opción para el país está en la gran consulta”, terminan revelando una verdad incómoda: el país al que se refieren no es Colombia en su conjunto, sino sus negocios, sus privilegios y sus intereses. Eso es, al final, lo que realmente los une.
