Cuando la oposición al gobierno de Gustavo Petro habla de “El País”, no se refiere a la Colombia diversa, plural y sufrida que lucha día a día por sobrevivir con dignidad.
En realidad, lo que defienden es un pequeño reducto de privilegios donde se concentran sus negocios, rentas y beneficios obtenidos gracias a los tributos que pagan los colombianos de a pie.
La élite neoliberal que se autoproclama como “salvadora de la patria” no habla por la nación entera, sino por ese grupo minoritario que históricamente ha usufructuado del poder político y económico, y que hoy se siente amenazado por el cambio que propone el progresismo.
El miedo de esta oposición no es gratuito.
Aunque el actual gobierno ha reafirmado su respeto por la propiedad privada e incluso ha impulsado sectores como la agroindustria, el turismo, las exportaciones y las energías renovables, también ha puesto sobre la mesa reformas sociales necesarias que tocan fibras sensibles de los negocios privados que antes operaban sin contrapeso.
La reforma a la salud, por ejemplo, busca acabar con la intermediación financiera de las EPS, responsables de desaparecer más de 100 billones de pesos en recursos que debían garantizar un servicio digno a los ciudadanos.
La propuesta de un sistema pensional más equitativo enfrenta directamente a los fondos privados que nunca lograron pensionar a la mayoría de afiliados, pese a enriquecerse durante décadas.
Y las discusiones sobre las tarifas de energía y los abusos en los peajes apuntan a desmontar un modelo que ha encarecido la vida de millones para engordar las arcas de unos pocos.
Cada una de estas medidas golpea los intereses de ese pequeño “país” que defiende la oposición
El país de los contratos amañados, de las rentas monopolizadas, de los negocios de intermediación que convirtieron derechos fundamentales en mercancías.
Por eso acusan al gobierno de “destruir la nación”, cuando en realidad lo que está en riesgo no es Colombia, sino su estructura de privilegios, robos y abusos que ha gobernado durante décadas.
Dentro de esta oposición existen matices, pero todos se alinean en el mismo propósito.
Están los bravucones que reivindican la “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe y que buscan reeditar su estilo de política del miedo. Están los mediáticos como Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella, dispuestos a encender debates más con estridencias que con argumentos.
Aparece también la figura de Germán Vargas, con su estrategia de bodeguero que busca ganar terreno a punta de gritos y polémicas. En paralelo, se posicionan los tecnócratas —David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo— que con lenguaje de cifras intentan revestir de neutralidad lo que no es otra cosa que la defensa de intereses particulares.
Incluso aquellos que pretenden pasar por independientes o rebeldes, como Sergio Fajardo, terminan compartiendo el mismo diagnóstico: su visión de país está reducida a la protección de negocios privados que se alimentan de los tributos ciudadanos.
Esta coincidencia revela la esencia de la oposición
No es un proyecto político para todos los colombianos, sino una resistencia a perder prebendas. Y en ese contexto, no sorprende que, al verse acorralados, declaren que “no es momento para tibiezas”.
Esa frase encierra el llamado a un liderazgo autoritario, férreo, dispuesto a imponer por la fuerza lo que no logra por el debate democrático. Es también un reconocimiento implícito de que carecen de propuestas capaces de seducir a la mayoría ciudadana.
En lugar de programas que respondan a las necesidades de salud, educación, trabajo digno, infraestructura o pensiones, recurren a la manipulación del miedo.
Quiere hacer ver el cambio como amenaza
Se esfuerzan en construir un relato de terror donde el cambio aparece como una amenaza, no como una posibilidad. Difunden mentiras, exageran los problemas coyunturales y apelan a la confusión para evitar que la gente perciba la naturaleza de su verdadera lucha: preservar un sistema que ha beneficiado a pocos y ha condenado a muchos.
La oposición a Petro, en definitiva, no habla de la Colombia de todos.
Habla de la Colombia de unos cuantos. Una Colombia donde los derechos se compran, donde la salud es negocio, donde las pensiones son un privilegio y donde las vías se pagan dos y tres veces.
Frente a ese modelo agotado, el progresismo plantea reformas que buscan devolverle al pueblo lo que le pertenece. Por eso la resistencia es feroz, porque no se trata de perder elecciones, sino de perder un país hecho a la medida de sus intereses particulares.
