Cada cuatro años, como si fuera una coincidencia matemática, Colombia revive un patrón inquietante que se repite con sospechosa exactitud. Justo cuando se acercan las elecciones, el país enfrenta una serie de atentados atribuidos a grupos subversivos —principalmente disidencias de las FARC o el ELN—, lo que genera una ola de preocupación y una sensación generalizada de inseguridad.
En medio de este clima, la ultraderecha uribista, liderada históricamente por Álvaro Uribe Vélez, reaparece como el “salvador” que promete devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
Aumentan las sospechas
Sin embargo, las coincidencias son tantas y tan repetitivas que ya hay sectores que sospechan de un posible pacto tácito entre algunos grupos armados ilegales y sectores de la extrema derecha, con el fin de desequilibrar las elecciones en favor del uribismo.
Aunque no existen pruebas concluyentes, el modus operandi se replica con una precisión casi milimétrica, lo que despierta dudas legítimas sobre quién se beneficia realmente del miedo.
El ejemplo más reciente ocurrió en Cali, donde un carro bomba explotó en una base militar.
La noticia causó conmoción, pero lo que más llamó la atención fueron los detalles posteriores: el vehículo estaba registrado a nombre de una empresa de transporte de Antioquia, con antecedentes de presuntos escándalos, y la placa provenía de Sabaneta, el municipio donde Álvaro Uribe hizo su primera aparición pública tras salir de prisión domiciliaria.
¿Casualidad o coincidencia conveniente?
Las preguntas abundan: ¿Se robaron el camión? ¿La empresa reportó el robo? ¿Por qué un vehículo registrado en Antioquia termina en un atentado en Cali? Hasta ahora, no hay respuestas claras.
Sin embargo, la historia remite inevitablemente a los antiguos casos de presuntos autoatentados que, según denuncias, en su momento elevaron la imagen de Uribe y consolidaron su camino a la presidencia. Aquellas sombras del pasado no han desaparecido; por el contrario, resurgen cada vez que el país se adentra en una campaña electoral.
La deuda pendiente en seguridad
Resulta paradójico que el uribismo intente posicionarse, una vez más, como el garante de la seguridad nacional, cuando los resultados de sus gobiernos y de sus aliados de derecha cuentan una historia distinta.
Durante el mandato de Iván Duque, por ejemplo, los grupos ilegales incrementaron sus filas entre un 30 % y un 50 %, los cultivos ilícitos aumentaron un 30 %, el control territorial de organizaciones criminales se disparó mientras hicieron trizas el proceso de paz.
El uribismo y sus aliados prometieron erradicar el paramilitarismo, las guerrillas, los secuestros y el narcotráfico, pero décadas después, el país sigue atrapado en la misma espiral de violencia.
El Clan del Golfo continúa fortalecido, los grupos disidentes siguen reclutando combatientes, los atracos urbanos se multiplican y las extorsiones son pan de cada día. La supuesta “política de seguridad democrática” se ha quedado en falsos positivos, mientras la realidad golpea a millones de colombianos.
La estrategia del miedo
La narrativa es siempre la misma: ante la incapacidad de ofrecer soluciones reales a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la educación, la salud y la reforma laboral y pensional, la derecha política centra su discurso en el miedo.
Cada atentado se convierte en una bandera para reposicionar la agenda electoral, invisibilizando los debates sobre las reformas sociales que impulsa el gobierno progresista.
El problema es que esta estrategia parece desgastada.
La ciudadanía ya no “come entero” y desconfía cada vez más de los relatos uribistas que buscan justificar la militarización del discurso político. Incluso en términos de seguridad, las cifras bajo el gobierno de Gustavo Petro han mostrado mejoras en varios indicadores clave, aunque los sectores opositores prefieren silenciarlas para mantener vivo el fantasma de la inseguridad.
Un cambio en la percepción ciudadana
El pueblo colombiano, cada vez más informado, entiende que la violencia no puede seguir siendo instrumentalizada con fines electorales. Los atentados, por condenables que sean, no pueden ser utilizados para justificar políticas fracasadas ni para desviar la atención de las reformas necesarias que podrían cambiar las condiciones sociales que alimentan el conflicto.
Los políticos que durante décadas no lograron resolver la violencia estructural —y que, en muchos casos, la profundizaron— no tienen autoridad moral para dar lecciones de seguridad. La historia reciente muestra que, lejos de solucionar el problema, sus estrategias lo perpetuaron.
Colombia necesita un debate serio, basado en datos y en soluciones reales, no en el miedo prefabricado que se recicla cada cuatro años. Porque si algo demuestra la historia reciente es que la seguridad no puede ser un slogan electoral; debe ser una política de Estado que, por fin, priorice a los ciudadanos sobre las ambiciones de poder.
