Durante los últimos meses se ha vuelto común escuchar que los empresarios en Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, muestran una especie de comportamiento “bipolar”.
Por un lado, trimestre a trimestre las empresas arrojan utilidades históricas, los indicadores macroeconómicos son estables, el peso colombiano se mantiene fuerte, la inflación ha cedido y las exportaciones crecen.
Todo ello debería ser motivo de satisfacción para el empresariado. Sin embargo, en escenarios como el reciente encuentro de la ANDI, la sensación dominante fue la de incertidumbre, desconfianza y hasta alarma frente al rumbo del país.
Algunos analistas han explicado esta paradoja como un asunto de clase
La resistencia de los sectores empresariales tradicionales a un proyecto político que busca ampliar derechos y transformar ciertas estructuras históricas.
Esa lectura tiene parte de verdad, pero también omite un factor clave. Más allá de un choque cultural o ideológico, lo que realmente está en juego es la supervivencia de un modelo económico que, durante décadas, permitió a ciertos empresarios y grupos políticos capturar rentas sin necesidad de producir bienes, innovar o aportar al desarrollo científico y tecnológico del país.
Un gobierno defensor de la libre empresa
El gobierno de Gustavo Petro, lejos de ser un enemigo del empresariado, se ha declarado defensor de la libre empresa y promotor de sectores estratégicos como el turismo, la agricultura, las energías renovables y la infraestructura férrea para facilitar la industria y el comercio.
Además, impulsa una economía solidaria, busca rescatar el sistema hospitalario ahogado por las EPS —que funcionan como intermediarios financieros que no pagan a clínicas ni hospitales—, propone reglas para abaratar la tarifa de la energía, y avanza en la transición hacia energías limpias. Todos estos son esfuerzos orientados a construir un modelo económico más sostenible y equitativo.
No obstante, al revisar con detenimiento lo que implican estas reformas, se entiende mejor el descontento.
La eliminación de la intermediación financiera de las EPS, por ejemplo, podría desplazar recursos que algunos calculan en 100 billones de pesos, cifra que dejaría de estar bajo el control de ciertos grupos.
La regulación en el sector eléctrico afecta a monopolios que durante años se beneficiaron del cobro de tarifas excesivas. La propuesta de un nuevo sistema pensional amenaza con desarticular un lucrativo negocio para fondos privados.
Y lo mismo ocurre con los ingresos asociados a peajes y otros tributos que fueron privatizados en beneficio de unos pocos.
Golpe a una forma de acumulación basada en la extracción de rentas
En conjunto, las reformas representan un golpe a una forma de acumulación basada en la extracción de rentas más que en la producción real.
A ello se suma el impacto de la nueva política antidrogas, que dejó de perseguir al campesino cultivador para centrarse en las grandes estructuras del narcotráfico, con resultados tangibles en el aumento de incautaciones. Esto también ha tocado intereses enquistados en sectores empresariales y financieros.
El panorama deja ver que no se trata solo de un choque de visiones sobre el futuro del país, sino de un pulso por la supervivencia de sectores que se enriquecieron controlando flujos financieros y tributarios, más que invirtiendo en investigación, manufactura o innovación.
¿Cuál es el desespero?
En ese sentido, el “desespero” que se percibe no responde tanto a los números de la economía —que hoy muestran estabilidad y crecimiento—, sino a la pérdida de privilegios que parecían intocables.
El dilema de fondo, entonces, está entre mantener un modelo anacrónico, donde unos pocos se benefician de la renta pública y de economías extractivas, o continuar la transformación hacia un sistema productivo que ponga en el centro los derechos laborales, el cuidado de la vida y la sostenibilidad ambiental.
La decisión no es únicamente del gobierno ni de los empresarios, sino de la ciudadanía.
En manos de la gente está elegir si el país continúa transitando hacia una economía más inclusiva, diversificada y solidaria, o si se preserva el orden tradicional que, durante décadas, exprimió a la sociedad en beneficio de unos pocos. Hoy, más que nunca, es el tiempo de la gente.
