La reciente muerte del político Miguel Uribe ha abierto un debate que va mucho más allá del dolor familiar y del luto público.
Su fallecimiento ha desencadenado una serie de reacciones que muestran, con crudeza, cómo ciertos sectores de la élite política y económica valoran la vida y el sufrimiento según la posición social de la víctima.
En medio de homenajes, días cívicos, cobertura mediática de prime time y un espectáculo político que busca consolidar la figura de Miguel Uribe como un mártir y un legado para la derecha, se evidencia una profunda desigualdad en la manera en que se percibe la violencia y sus víctimas.
No se trata de minimizar la tragedia que atraviesa la familia de Miguel Uribe.
La pérdida de un ser querido siempre es dolorosa, y el sufrimiento de su círculo cercano merece respeto. Sin embargo, la magnitud de la atención pública y mediática contrasta con la indiferencia que muestra esta misma élite frente a las víctimas de la violencia que no poseen apellidos reconocidos ni cargos políticos.
Mientras la viuda y los hijos de Uribe recibirán una multimillonaria indemnización y una pensión vitalicia, miles de familias en Colombia enfrentan la muerte violenta de un ser querido sin apoyo estatal suficiente, con pobreza extrema y sin recursos para acceder a la justicia.
Esta desigualdad evidencia un patrón social donde la notoriedad determina la prioridad y el valor de la vida en el país.
Impulsar el legado de Uribe Turbay
Ahora, el partido político de Miguel Uribe, con el apoyo de su propio padre, se ha propuesto impulsar su legado como un camino hacia la recuperación de Colombia.
Pero, ¿qué implica realmente este legado?
Aunque se menciona como legado tanto lo material como lo inmaterial, es evidente que no se trata de repartir bienes o propiedades entre la militancia o la población, sino de transmitir valores, enseñanzas, historia de vida e influencia política.
Esto obliga a analizar con cuidado qué tipo de país se quiere construir bajo ese legado y si los principios que promovía Uribe Turbay se alinean con los intereses de la mayoría de los colombianos.
¿Cuál era su legado?
Miguel Uribe defendió con firmeza la flexibilización del uso de armas, mantuvo declaraciones que minimizaban violaciones graves a los derechos humanos y mostró una postura insensible frente a casos como el asesinato de Dylan Cruz o el feminicidio de Rosa Elvira Cely.
Comentarios como que “se atravesó a una bala” o que ciertos feminicidios podrían haberse evitado “si no hubiera salido esa noche” reflejan una visión que contradice los principios de justicia, dignidad humana y protección de los más vulnerables.
Estas posturas no son meros comentarios aislados: forman parte de un proyecto político que prioriza la seguridad y los intereses de sectores privilegiados por encima de la vida y los derechos de quienes más necesitan protección.
En el ámbito económico y laboral
Uribe Turbay se opuso consistentemente a reformas que buscaban devolver beneficios a los trabajadores, mejorar las pensiones de los sectores más desfavorecidos o acabar con los monopolios que encarecen servicios básicos como energía, peajes o salud.
También estuvo en contra del aumento de salarios y de cualquier medida que significara un beneficio social que no favoreciera a la élite económica.
Todo lo que sonara a derechos o protección social era visto como un gasto innecesario y un riesgo para la economía, según su visión. Este perfil político nos permite entender mejor qué se esconde detrás del “legado” que hoy la oposición pretende presentar como solución para Colombia.
Por eso es fundamental leer entre líneas el discurso mediático y político que rodea la muerte de Miguel Uribe.
La utilización del dolor selectivo como herramienta política busca generar simpatía, manipular emociones y justificar la continuidad de un proyecto que no necesariamente responde a los intereses de las mayorías.
Frente a esto, se plantea una disyuntiva clara: podemos seguir la senda que promovía Miguel Uribe, centrada en intereses de élites, o podemos optar por un modelo que ponga en el centro la vida, los derechos laborales, la justicia social y las necesidades de los sectores populares.
La construcción del país que queremos depende de decisiones conscientes sobre qué tipo de legado político debemos seguir.
Mientras la derecha busca capitalizar la muerte de Miguel Uribe, es necesario cuestionar si su visión representa el futuro que necesitamos o si, por el contrario, debemos consolidar un proyecto que priorice la equidad, la justicia y la protección de quienes han sido históricamente invisibilizados por la sociedad.
En última instancia, la posibilidad de transformar nuestro sistema productivo y social depende de mantener el rumbo progresista hacia la justicia social y la protección de la vida, con miras a las elecciones de 2026 y más allá.
