Mientras en Colombia se debate la renovación de contratos con la cuestionada firma Thomas Greg & Sons, una realidad incómoda empieza a salir a flote: la íntima relación entre los grandes negocios electorales y una élite política y empresarial que ha controlado el poder durante décadas.
La polémica toma un tono aún más grave cuando se considera que exmandatarios como Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y la ex canciller Nohemí Sanín han estado ligados a la junta directiva de esta empresa. El escándalo no solo pone en tela de juicio la transparencia del sistema electoral, sino también la estructura misma del poder en Colombia.
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Thomas Greg & Sons ha operado por años como una de las firmas encargadas de procesos críticos en las elecciones, incluyendo la impresión de tarjetones y la gestión de datos ciudadanos.
Lo que en teoría debería ser un servicio técnico neutral, en la práctica ha estado en manos de una firma cuyo historial incluye vínculos con paraísos fiscales y empresarios con antecedentes judiciales.
En cualquier democracia madura, esto bastaría para desatar una crisis institucional. En Colombia, en cambio, parece que nada pasa.
Lo más alarmante es la manera en que la oposición al gobierno de Gustavo Petro, representada por una parte de la élite tradicional y los grandes medios de comunicación, ha salido en defensa abierta de la empresa.
No sorprende: sus representantes políticos han tenido relaciones directas o indirectas con la firma. ¿Cómo no iban a proteger un negocio que ha significado poder, control y acceso privilegiado a información electoral clave?
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Este “negociazo” no solo representa millones de pesos en contratos estatales, sino también la posibilidad de seguir interviniendo –desde las sombras– en el diseño del escenario electoral.
La supuesta imparcialidad del sistema electoral queda entonces en entredicho, más aún cuando se recuerda que en 2022 hubo un intento sistemático de desconocer cerca de 500.000 votos del Pacto Histórico.
Aunque Petro finalmente ganó las elecciones, muchos sectores intentan usar ese resultado para justificar la validez de todo el proceso, ignorando convenientemente el intento de manipulación masiva.
El cinismo de la oposición y del periodismo de extrema derecha raya en lo absurdo.
No solo han guardado silencio frente a la gravedad de ese error, sino que ahora defienden con uñas y dientes la continuidad de una firma bajo sospecha, acusando de “desestabilizador” a quien cuestione el modelo actual.
Se aferran a Thomas Greg & Sons como garante de “seguridad” electoral, cuando en realidad lo que buscan es mantener bajo su control una herramienta clave del sistema democrático.
La pregunta que pocos se atreven a hacer es sencilla:
¿En qué otro país del mundo se permite que el manejo de las elecciones y la información sensible de sus ciudadanos esté en manos de empresarios cuestionados, que operan desde paraísos fiscales?
El caso de Thomas Greg no solo es vergonzoso, es también un síntoma de una democracia capturada por intereses privados. Mientras en el discurso se exige transparencia, en la práctica se construyen murallas para proteger los privilegios de unos pocos.
La discusión actual no es meramente técnica o contractual.
Es política y profundamente ética. La continuidad de esta empresa en el manejo electoral debe abrir un debate nacional sobre quién tiene derecho a controlar las urnas, los datos y, en última instancia, la voluntad del pueblo colombiano.
Seguir ignorando este problema solo beneficia a los mismos de siempre: los que han gobernado, manipulado y saqueado sin consecuencias. Y lo seguirán haciendo, mientras se les permita.
