Siempre hemos sido firmes defensores del libre mercado, de la sana competencia, de la empresa privada como motor de empleo, investigación, desarrollo, comercio, empuje industrial e innovación.
Estas características, cuando se dan en un entorno transparente y equitativo, generan progreso genuino y son pilares fundamentales para el crecimiento sostenido de la economía. Reconocemos el valor del empresariado productivo, el que invierte, arriesga, crea valor y transforma realidades para bien.
Sin embargo, en Colombia, ese principio se ha distorsionado peligrosamente.
A nombre de una supuesta superioridad de lo privado sobre lo público, se ha instaurado un sistema en el que sectores clave de la economía —salud, pensiones, servicios públicos, educación y movilidad— han sido entregados a empresas privadas que operan como monopolios o carteles disfrazados de libre competencia.
No se trata de emprendedores innovadores, sino de conglomerados corporativos que han convertido derechos fundamentales en negocios de extracción de rentas.
Estas corporaciones no compiten, no innovan, no asumen riesgos reales.
Se limitan a capturar tributos obligatorios —como aportes a salud, pensiones o peajes— y transformar ese flujo garantizado en utilidades crecientes, mientras los servicios que ofrecen se deterioran de manera alarmante.
La lógica que impera no es la de prestar un servicio eficiente y humano, sino la de maximizar ganancias con el mínimo esfuerzo, incluso si eso significa poner en riesgo la vida, el bienestar o el futuro de millones de ciudadanos.
La evidencia es contundente: los grupos empresariales que controlan estos sectores son los que reportan mayores crecimientos y utilidades en sus balances financieros, al tiempo que los usuarios enfrentan hospitales colapsados, fondos de pensiones que invierten para sí mismos, peajes que no devuelven obras y tarifas de servicios públicos que suben sin mejora alguna en la calidad.
Estamos ante un modelo de acumulación extractiva, donde una élite económica se enriquece con recursos que no le pertenecen, sino que provienen del esfuerzo colectivo del país.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto el dedo en la llaga.
Uno de sus objetivos centrales ha sido devolverle al Estado el control sobre los recursos públicos que hoy están en manos privadas y asegurar que esos dineros se utilicen para lo que fueron concebidos: garantizar derechos, reducir desigualdades y construir un país más justo.
Esa apuesta por recuperar lo público le ha costado enfrentarse a una poderosa oposición que no quiere perder sus privilegios.
El Congreso, capturado por intereses tradicionales, le ha dado la espalda a las reformas propuestas. Las altas cortes han obstaculizado parte del proyecto de transformación. Los medios de comunicación masivos, que en su mayoría pertenecen a esos mismos grupos empresariales, se han dedicado a atacar con noticias falsas o desinformación, a minimizar avances y a amplificar cualquier error o contradicción del gobierno.
En este escenario, la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial en las elecciones que se avecinan:
O se continúa por el camino del cambio estructural que propone el actual gobierno, recuperando para lo público lo que nunca debió privatizarse, o se elige seguir bajo el dominio de una avaricia corporativa que ha demostrado estar más interesada en enriquecer a unos pocos que en construir bienestar colectivo.
El verdadero debate no es entre público y privado, sino entre justicia y abuso, entre equidad y privilegio, entre un Estado que garantiza derechos y una corporatocracia que solo busca lucro. Que el voto sea consciente, informado y guiado por el bien común.
