No hay nada más incierto que la traición, y organizar un golpe de Estado es tal vez el mejor ejemplo de ello.
La historia ha demostrado que toda conspiración, por más secreta que pretenda ser, está siempre expuesta a la fragilidad humana: la filtración, la confesión, o la delación de uno de sus propios actores.
Es precisamente esa incertidumbre lo que hoy rodea al escándalo que involucra al ex canciller Álvaro Leyva y a varios personajes influyentes del país y del continente, señalados en unos audios filtrados como participantes en una presunta conspiración para sacar al presidente Gustavo Petro del poder en Colombia.
Una vez descubierto el supuesto complot, todos los involucrados, como por arte de magia, perdieron la memoria. Los nombres que aparecen en las grabaciones, antes poderosos y activos, ahora aseguran no tener influencia, no recordar, no haber participado o no haber entendido el alcance de lo que se discutía.
Lo único que no han perdido, según parece, son las ganas de ver a Petro fuera de la Casa de Nariño.
Entre los implicados destaca la figura de Vicky Dávila, una periodista con una larga trayectoria como opositora acérrima de las políticas de cambio social impulsadas por el actual presidente.
Dávila, en un acto insólito y sin precedentes de descaro, se auto entrevistó, se auto investigó y se auto declaró inocente de cualquier conspiración.
En los audios que ella misma hizo públicos, conversó con Álvaro Leyva, el otro gran sospechoso del escándalo, y ambos se absuelven mutuamente.
Lo irónico, casi cruel, es que esta burda puesta en escena fue no solo tomada en serio, sino celebrada y amplificada por los grandes medios de comunicación que adversan al gobierno, quienes sin más, declararon a la dupla Dávila-Leyva inocente del “penoso incidente”.
Los personajes detrás de esta intentona golpista son de todos los calibres: algunos realmente peligrosos, con gran poder político y económico, y otros simplemente torpes.
El ocaso de Marta Lucia Ramirez
Tal es el caso de la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez, quien protagonizó otro bochornoso episodio al enviarle una carta al secretario de estado de Estados Unidos Marco Rubio, solicitando sanciones contra el gobierno colombiano, acompañada de las firmas de empresarios y ex funcionarios que, más tarde, negaron haber autorizado su inclusión.
Un acto que roza la ilegalidad y, sin duda, el cinismo.
Más grave aún es la postura de algunos sectores del país que piden abiertamente a potencias extranjeras que intervengan en Colombia, que rompan relaciones diplomáticas y hasta que nos impongan sanciones, solo porque el presidente electo no es de su agrado.
Este tipo de llamados atentan directamente contra la soberanía nacional y revelan una peligrosa desesperación por parte de quienes no han podido vencer por la vía democrática.
Los medios de comunicación en Colombia han perdido toda seriedad.
En vez de informar, editorializan con rencor, distorsionan los hechos y manipulan la opinión pública. Pretenden adoctrinar, no comunicar.
El caso más evidente es el de la revista Semana, que ahora “entrevista” a Leyva —quien hasta hace pocas semanas era un canciller influyente— para retratarlo como un anciano desorientado, incapaz de articular una conspiración y mucho menos de liderarla.
Una estrategia mediática diseñada para exonerarlo antes de que cualquier investigación avance.
Los nombres que aparecen en los audios filtrados deben rendir cuentas ante la justicia.
No basta con negar o insultar. La gravedad del intento golpista amerita una investigación transparente y rigurosa. Los ciudadanos merecen saber quiénes estuvieron detrás de esta traición a la democracia. Y todos los implicados, sin excepción, deben responder por sus actos. Porque en política, como en la vida, la traición siempre acaba saliendo a la luz.
