Decir que intervenir a Sanitas es “criminal” mientras se guarda silencio ante los crímenes cotidianos cometidos por esta EPS contra sus usuarios es una hipocresía monumental.
¿Dónde estaban todos aquellos que ahora se rasgan las vestiduras cuando los pacientes morían esperando una cita médica?
¿Por qué no alzaron la voz en esos momentos?
Keralty la patrocinadora
La situación es aún más alarmante si se considera que la multinacional Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, ha financiado generosamente a casi todos los partidos de derecha en Colombia.
Este respaldo económico, que asciende a decenas de millones, se traduce en una victoria jurídica que hoy celebran como un triunfo. Es evidente que las relaciones financieras de la empresa con los políticos del país tienen mucho que ver con la reacción que estamos viendo ante la intervención del Estado.
Si se crean intereses, se generan afectos. La política y la salud, tristemente, parecen ir de la mano cuando se trata de defender a los poderosos.
Lazos familiares
Es importante recordar que, durante años, el director técnico de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado fue el esposo de la vicepresidenta Jurídica de Keralty.
Una coincidencia que, aunque parezca anecdótica, podría tener implicaciones directas en el hecho de que esta EPS no perdiera ningún caso importante. Los contactos jurídicos de la multinacional Keralty son amplios y bien establecidos, lo que les permitió operar en un entorno donde las leyes parecían favorecer sus intereses por encima de los derechos de los pacientes.
La situación de la EPS Sanitas al momento de su intervención era crítica.
Tenía un patrimonio negativo, lo que significa que estaba en una situación financiera sumamente precaria. Además, se encontraron evidencias de gastos operativos injustificados y profundas debilidades en la gestión de la información de sus afiliados.
La intervención por parte del Estado, lejos de ser una medida arbitraria o un acto de persecución política, fue un deber del gobierno para proteger el patrimonio público y, por ende, los intereses de los colombianos.
Las intervenciones, siempre motivadas por razones objetivas y apegadas a la ley, han sido un paso previo a la liquidación de entidades como EPS Sanitas.
Esto demuestra la necesidad urgente de una reforma a la salud que limite el poder del sector privado y otorgue al Estado el control necesario para garantizar la prestación de servicios de salud de calidad para todos.
La situación de Sanitas no es un caso aislado
Es solo un ejemplo de cómo los contratos sindicales, las cadenas de subcontratación y la multiplicación de actores en la prestación de servicios de salud generan barreras para un acceso equitativo y de calidad a la salud.
Lo más grave de todo es que este sistema no solo impacta a los pacientes, sino también a los trabajadores de la salud. La vulneración de sus derechos laborales es una consecuencia directa de las estructuras de poder en el sector privado, que anteponen la rentabilidad económica al bienestar de las personas.
La corrupción también es una constante en este tipo de empresas.
La falta de rendición de cuentas sobre el manejo de billones de pesos provenientes del erario público es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se privatiza un derecho fundamental como lo es la salud.
La labor del director de la Adres, Felix Martínez, ha sido ejemplar al visibilizar estos problemas y demostrar cómo las entidades privadas están manejando los recursos públicos sin el control adecuado.
Sobre el fallo de la corte
Este fallo, en la práctica, es una decisión política que erosiona las funciones constitucionales de la Supersalud y del gobierno nacional en favor de una multinacional que no solo ha mostrado una total falta de responsabilidad social, sino que además goza de una relación privilegiada con el poder político en Colombia.
Nunca antes habían prosperado las tutelas en contra de las intervenciones a las EPS.
¿Por qué ahora sí? Este es el momento de preguntarnos a qué intereses responden estas decisiones.
¿Estamos realmente defendiendo el bienestar de los colombianos o simplemente estamos dejando que las grandes multinacionales sigan manejando a su antojo un sistema de salud que debería ser un derecho y no un negocio?
