Por: Juan Manuel López C
Avanzar en el desarrollo en los aspectos políticos consiste en dotar a las instituciones con la legitimidad y la funcionalidad que permitan que sean las fuentes de resolución de conflictos. Lo natural e inevitable es que en una sociedad los diferentes intereses puedan ser divergentes o incluso enfrentados, por lo tanto el Estado debe representar los mecanismos para que tales diferencias no se resuelvan por la vía de confrontaciones o imposiciones que dependen únicamente de la fuerza o del poder de las partes.
Lo dijo en afortunada frase Estanislao Zuleta:
“Una sociedad civilizada no es aquella en la cual no hay conflictos sino aquella capaz de crear los escenarios para resolverlos pacíficamente”. Nuestro Gobierno ha logrado que vivamos lo contrario.
El caso de la Fiscalía no es único sino solo un precedente de cómo una u otra autoridad puede desmantelar la institucionalidad colombiana y reducir a una confrontación de poder las decisiones trascendentales de nuestra sociedad. Es evidente que lo que está a la base de ese problema es la voluntad de promover un candidato determinado, prescindiendo de cualquier otra consideración, sea ella respecto a las objeciones que el nominado pueda suscitar o respecto al interés nacional de encontrar salidas conciliadas, ‘armónicas’ como lo dice la Carta.
Caso similar ha sido el de las bases militares para servicio de los americanos, cuando se desconocen el concepto del Consejo de Estado, la posición de los partidos de oposición en lo que debe ser un tema de consenso nacional, las demandas existentes en contra, o incluso el reconocimiento de los mismos Estados Unidos en el sentido de que es un tema que depende del Congreso de ese país.
Para qué mencionar todo el trámite de la reelección donde cada paso ha sido motivo de un mini golpe de Estado, en el cual se desprecian cada vez las limitaciones que establecimos en nuestra Constitución y en nuestras leyes al ejercicio del poder legítimo, y se ha convertido en una escalada de abusos bajo la forma desafiante de ¿Quién tiene el poder para impedirlo?
Y claro el ejemplo cunde, como lo vemos con la famosa licitación del tercer canal donde haciendo caso omiso de las posiciones de la Contraloría y de la Procuraduría, y sin dar respuesta a las inquietudes que por el solo hecho de ser institucionales algo de fundamento tienen, se mantiene tercamente una decisión sin que se conozca la razón de ello. Como en el caso de la fiscalía o de las bases solo parece existir como propósito de fondo lograr un resultado que interesa a quien tiene el poder, aún si ello es a costa de los intereses de la ciudadanía.
Desde el punto de vista jurídico-político nada más importante que respetar los mecanismos institucionales de selección y control para las decisiones que se tomen. Una sociedad en manos de la buena voluntad, de las capacidades, y de las buenas intenciones de uno o varios dirigentes durará lo que estos duren y estará sometida al peligro de que quien llegue a ese puesto de poder no tenga esas virtudes sino sus correspondientes defectos. Una sociedad prospera acorde no a calidades personales sino a mecanismos institucionales entre la cuales están las instancias de control que adicionan al potencial de unos buenos dirigentes la garantía que estos no pueden dar.
