El contrato que se otorgó en marzo de 2009 a los corruptos de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. fue protegido y blindado con maniobras jurídicas y leyes durante los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, y a pesar de tener un origen ilícito en sobornos, falsedades y otros delitos, uribistas y santistas le evitaron la costosa caducidad y lo llevaron delicadamente hacia una terminación anticipada, lo que concluye en un proceso de liquidación que iguala al Estado con delincuentes, y obliga a que todos los colombianos paguemos de nuestros bolsillos los dineros que los pillos gastaron y usufructuaron en la ejecución de tan despreciable contrato. Al parecer, en Colombia “ser pillo paga”.