Por: Jorge Gomez Pinilla
En medio del escándalo de corrupción que vive el país por cuenta de los vergonzosos chanchullos que se han conocido en torno a Odebrecht y a los magistrados con tentáculos en la Fiscalía que vendían sentencias o embolataban procesos, la presencia de Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía General de la Nación no hace sino agravar la crisis de la justicia y deslegitima la imagen de esa entidad como instrumento de lucha contra la corrupción.
Para empezar, los vínculos entre Odebrecht y Martínez Neira son evidentes, como en su momento los denunció el senador Jorge Enrique Robledo: préstamo del Banco Agrario a Navelena, negocios suyos como abogado con Corficolombiana y Grupo AVAL, en fin. (Ver noticia).
Aquí entre nos, sería tapar el sol con un dedo desconocer el papel que jugaron Cambio Radical y los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte en la conquista de la Fiscalía para el pupilo de Germán Vargas.
Igual, frente al hecho de que el corrupto Luis Gustavo Moreno fue nombrado director de Anticorrupción debido a su doble condición de cuota política, tanto para esos magistrados como para el partido sin cuyo ‘empujón’ no habrían conquistado ni Moreno ni Martínez Neira tan encumbradas esferas del poder judicial.
Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía ya contaminado por la misma corrupción que le toca combatir, y esto lo hace no apto para el cargo.
Y si no ha renunciado ni se ha apartado del caso Odebrecht no es porque sea un impoluto, sino porque su ausencia podría afectar los poderosos intereses de quienes lo pusieron ahí, por un lado los del partido que necesita su respaldo institucional para alcanzar la Presidencia de la República, y por otro del mundo financiero representado en un Luis Carlos Sarmiento Angulo o incluso en el mismísimo presidente Juan Manuel Santos, a quien lo que menos le convendría sería tener que barajar de nuevo en busca de un nuevo fiscal general.
Ello sería el reconocimiento tácito de hasta dónde se corrompió el aparato de justicia: fiscal general y Corte Suprema de Justicia untados de lo mismo…
Néstor Humberto Martínez no es un pillo ni está relacionado con ningún entuerto ilegal, es cierto, pero sí nombró a un pillo en un cargo de altísima responsabilidad, aupado por los mismos magistrados corruptos que contribuyeron decididamente a su elección como fiscal.
Ello conlleva un costo que no puede escabullir, el cual debería venir acompañado de una descalificación moral por parte de los medios, y si no se da podría obedecer a que los propietarios de esos medios se verían también perjudicados con la salida del fiscal.
Si de algo sirvió la garrotera de días pasados entre la senadora Claudia López y Martínez Neira fue para evidenciar que a un funcionario tan contaminado por la esfera política, en particular por su cercanía a Cambio Radical, le queda muy difícil resistirse a la tentación de usar su poder punitivo para castigar o amedrentar a rivales políticos.
Y no es por simple coincidencia que, como informó Semana.com, ese partido por fin se avino a apoyar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) “luego de que el Gobierno aceptara las sugerencias del fiscal general frente al proyecto”.
¿Es políticamente correcto, acaso, que N. H. Martínez actúe como un miembro más de la bancada política de Vargas Lleras en el Congreso? Y de contera, ¿es jurídicamente aceptable que justo el día que le hundieron —por tercera vez— a Claudia López el debate que quería dar sobre la corrupción que emana de la misma Fiscalía esta entidad haya librado orden de detención contra Marcelo Torres (“cuyo único delito ha sido derrotar a la Gata en Magangué”) y abierto imputación de cargos contra el gobernador de Nariño, ¿Camilo Romero, ambos políticos de Alianza Verde y de quienes se tienen las mejores referencias?
Como contó La Silla Vacía a raíz de ese debate, políticos rivales de Vargas dijeron haber oído de “dos investigados que supuestamente tomaron la decisión de unirse al líder de Cambio Radical para congelar sus líos con la justicia”.
Y como dijera Héctor Riveros en brillante columna (“El fantasma que ronda al fiscal”), “que el apoyo a Cambio ha crecido por el miedo a la Fiscalía es absolutamente cierto”.
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Es más, las actuaciones del fiscal desde el día de su posesión parecieran orientadas a favorecer o propiciar una eventual alianza entre Álvaro Uribe y su jefe político, Vargas Lleras.
Esto se ve reflejado en circunstancias que tienen al uribismo cantando en coro “Habemus fiscal”, como el archivo de la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el caso del hacker Andrés Sepúlveda, pese a la prueba reina del video donde se le ve recibiendo información de inteligencia militar.
O su total coincidencia con Uribe en temas como la JEP, frente a la cual llegó incluso a manifestarse preocupado de que esta “comprometa a una persona que ha ejercido la Presidencia”.
¿Cómo se puede esperar entonces justicia imparcial de un fiscal que hace dos años declaró que “Uribe no se opone a la paz, es un patriota” (ver declaración), y cuyas más recientes actuaciones demuestran que sigue pensando lo mismo?
Retomando la columna de Riveros, “la inconveniencia de que un actor político esté al frente de la Fiscalía se convierte en un peligro, incluso para sus eventuales amigos, que pueden ser exhibidos como trofeos para despejar otras dudas”.
Es por todo lo anterior que N. H. Martínez Neira debería renunciar, así fuera por simple vergüenza, y mientras más demore en hacerlo más estará contribuyendo a hacer indigno e ilegítimo su papel como fiscal general de la Nación.
DE REMATE: Bajo el mismo criterio que aplicaron para conservar el nombre FARC (pese a la carga de afrenta que representa hacia sus víctimas), a esa nueva agrupación le convendría lanzar un candidato de sus propias filas, que les permita ‘medirse’ en un plano real con las demás fuerzas políticas.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
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Tomado de El Espectador.com
