
Más allá de los resultados electorales y de las disputas propias de un proceso tan reñido, hay un fenómeno social que llama especialmente mi atención: el comportamiento de muchas de mis conocidas en redes sociales, mujeres entre los 50 y los 70 años, varias de ellas residentes en el exterior.
Se trata, en muchos casos, de personas que crecieron y se educaron en un entorno privilegiado por los beneficios que ofrecía Ecopetrol a sus trabajadores y familias.
Disfrutaron de sistemas de salud y educación gratuitos, subsidios para vivienda, créditos blandos, estabilidad laboral, salarios competitivos y una amplia gama de beneficios complementarios que incluían desde útiles escolares y medicamentos hasta productos básicos de alimentación (carne y leche gratis). Sus padres recibieron una pensión digna, la mayoría con menos de 60 años de edad.
Fueron beneficiarias directas de políticas que buscaban mejorar la calidad de vida de miles de familias.
Lo que resulta paradójico es que muchas de esas mismas personas se oponen hoy con firmeza a que otros sectores de la sociedad accedan siquiera a una parte de esos beneficios.
Cualquier intento de ampliar derechos sociales o fortalecer programas de apoyo a la población es inmediatamente calificado como “comunismo”.
Desde sus publicaciones y comentarios invocan la necesidad de un supuesto salvador que revierta los avances sociales alcanzados durante los últimos años, como si mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables constituyera una amenaza para la sociedad.
También resulta llamativo el uso recurrente de argumentos religiosos.
Se proclama que ha triunfado la fe, la libertad religiosa y los valores cristianos, mientras se respalda a líderes que adaptan su discurso religioso según el público al que se dirigen. Al mismo tiempo, circulan historias y temores infundados sobre supuestas amenazas a las creencias o a las tradiciones, alimentando un clima de miedo más que de reflexión.
De igual manera, se habla de la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero se respaldan propuestas que afectan principalmente a los sectores más pobres. Se celebra la democracia mientras se cuestionan o rechazan conquistas sociales ampliamente respaldadas por una parte importante de la ciudadanía.
Las mismas contradicciones aparecen en temas como la seguridad, la educación y la salud.
Se promete solucionar problemas históricos que han persistido durante décadas, se habla de fortalecer la educación mientras se plantean recortes presupuestarios, y se defiende la salud sin abordar de fondo las fallas estructurales de un sistema ampliamente cuestionado.
Quizás lo más preocupante no sea la diferencia de opiniones, algo natural en toda democracia, sino el nivel de cinismo con el que se presentan ciertos argumentos.
Al final, muchos proclaman que “Dios nos ha escuchado” y que “Cristo vive”, pero utilizan esos principios como herramientas de confrontación política antes que como inspiración para la solidaridad, la justicia social y la empatía hacia quienes menos tienen.





