La tributación es la principal fuente de ingresos del Estado. Sin embargo, dentro de la filosofía política moderna tiene una función igual o más importante, cual es ser instrumento de búsqueda de la equidad, sirviendo a la redistribución de la riqueza para compensar las desigualdades que la libre competencia produciría.
El modelo neoliberal minimizó y prácticamente desapareció esa función y al mismo tiempo que adoptó casi como religión la ‘libre competencia’ consideró que la financiación de los gastos del Estado es el único criterio que debe seguirse para determinar el monto y el destino de lo que los contribuyentes deben pagar.
Así el manejo tributario consiste en buscar obsesivamente que las deficiencias en la organización del funcionamiento del Estado se subsanen con impuestos y no corrigiendo esas deficiencias.
Por ejemplo, al problema de las pensiones se le ha dado como respuesta (transitoria, pero como son las cosas aquí, indefinidamente transitoria) el intentar conseguir y destinar más recursos mientras se busca la forma de desactivar ‘la bomba pensional’; la Reforma misma al sistema se ha pospuesto y se pospone cargando los costos de esto a mayores impuestos.
El actual gobierno se precia de haber aumentado el recaudo, pero poco menciona las consecuencias que eso puede traer. ‘Astucias’ como la de llamar “Ley de Financiamiento” lo que realmente es un intento de reforma frustrada, lo que deja es, de un lado, la sensación de que se hacen trampas al orden constitucional para ‘cuadrar’ a las malas un plan de gobierno desfinanciado (decenas de demandas por inconstitucionalidad fueron planteadas, y no se sabe qué consecuencias pueden traer); y por el otro la cuasi seguridad de una nueva e inminente próxima reforma.
Esta interina estructura tributaria conlleva además una distorsión que retroalimenta esa necesidad de inventar y aumentar las futuras cargas tributarias puesto que son medidas que permiten incrementar el volumen del gasto, pero no mantenerlo en el tiempo.
El ingreso por las amnistías y las amenazas penales para que se declaren los bienes en el extranjero se reflejan en un gran efecto inmediato, pero no se repiten; y lo que en el futuro eso debería tributar -al igual que cualquier nueva norma- con el tiempo pierde impacto en la medida que van desarrollándose caminos para la elusión.
El tema de los impuestos siempre será molesto para el ciudadano, pero en el caso presente se adiciona que entre la urgencia y la improvisación las ‘reglas del juego’ que se están produciendo no permiten saber en qué situación queda cada uno, ni lo que implica a futuro lo que ahora entra en vigor. Entre la ambigüedad de los textos que permiten diferentes interpretaciones y la brevedad del tiempo para digerir y adaptarse a ellas, la inseguridad se convierte en paranoia. Puede ser que sea por la época -de declaraciones de renta- pero la percepción general es que para muchos ‘solo se trabaja para el Estado’, o se les confirma la visión de que ‘el peor enemigo es el Estado’.
El nivel de desaprobación que muestran las encuestas (ningún presidente ni ninguna gestión de gobierno había sido tan pobremente calificada en su primer año), puede en buena parte atribuirse a este tema. Para quienes ya sea como analistas o como beneficiarios esperan que se tenga en cuenta la función redistributiva de la tributación es frustrante lo que está sucediendo. Y el descontento del sector empresarial se manifiesta no por no ser el beneficiado -puesto que sin duda los es, ya que el modelo mismo así lo propone- sino porque la inestabilidad y la inseguridad son más perjudiciales para la marcha de los negocios que los altos impuestos.
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