Ningún contrato de peajes o cualquier otro asunto, que cause graves perjuicios económicos a la población merece protección jurídica. El derecho está para defender el interés público, no para blindar abusos.
Esta premisa fundamental debería guiar todas las decisiones relacionadas con contratos – en este caso de los peajes – que afectan directamente el bienestar de la ciudadanía.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces estos acuerdos se convierten en trampas legales que perpetúan situaciones injustas, especialmente cuando se trata de contratos leoninos que imponen costos desproporcionados a la población.
Ningún contrato que cause graves perjuicios económicos a la población merece protección jurídica. El derecho está para defender el interés público, no para blindar abusos.
— GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ (@tavo2366) January 5, 2025
En Colombia, los peajes representan uno de los ejemplos más evidentes de este problema.
Muchos de los contratos firmados durante procesos de privatización de vías en los gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos han terminado favoreciendo a concesionarios privados a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Estos acuerdos, que a menudo fueron aprobados en contextos de poca transparencia y escasa vigilancia, han generado un aumento sostenido y desmedido en las tarifas de peaje, afectando no solo a los transportadores, sino también a toda la cadena productiva y, en última instancia, al consumidor final.
Es cierto que los peajes suben debido a contratos heredados que responden a cláusulas abusivas y condiciones desproporcionadas. Pero estos contratos, por más blindados que parezcan, no son inamovibles.
Existen mecanismos legales y políticos para renegociarlos. La historia ha demostrado que, cuando hay voluntad política y una presión social organizada, es posible revisar, auditar y ajustar estos acuerdos para equilibrar los intereses públicos y privados.
Cuando privatizaron las vías y llenaron al país de peajes, CALLARON. Cuando firmaron contratos para amarrarnos por décadas, también CALLARON. Ahora que Petro no puede romper esos contratos, GRITAN. La memoria de los politiqueros y sus medios es selectiva. Ya están en campaña. pic.twitter.com/EtmiKOJGyV
— Fanny Esperanza (@Fannyhope6) January 5, 2025
La renegociación de estos contratos puede basarse en diversas herramientas:
Auditorías exhaustivas para determinar si los costos estipulados son reales y proporcionales
Presión social que visibilice los abusos cometidos, medidas legales que busquen proteger el interés general por encima de cláusulas abusivas
Incentivos para las concesionarias que estén dispuestas a ajustar los contratos de buena fe, y, en última instancia, la intervención directa del Estado en caso de flagrante abuso o corrupción.
No basta con señalar los errores del pasado.
Es necesario actuar con determinación en el presente para corregir los desbalances existentes. Es fácil acusar a las administraciones actuales de no poder romper con contratos heredados, pero se olvida con demasiada facilidad el silencio cómplice de quienes permitieron su firma en primer lugar.
Cuando se privatizaron las vías y se multiplicaron los peajes en el país, muchos callaron. Cuando se firmaron contratos que amarraron al país por décadas con condiciones desiguales, también callaron.
Ahora que el presidente Gustavo Petro enfrenta las consecuencias de estas decisiones y no puede romper unilateralmente esos contratos sin generar un caos jurídico y económico, los mismos sectores que guardaron silencio ahora gritan con vehemencia.
Esta memoria selectiva no es casualidad.
Está impulsada por intereses políticos y económicos que buscan mantener el statu quo. Los medios de comunicación, en muchos casos, se han convertido en altavoces de esta narrativa sesgada.
Titulares como «Peajes en Colombia: una bomba de tiempo que le está explotando a Gustavo Petro en las manos» buscan sembrar la idea de que la responsabilidad de la crisis actual recae únicamente en el gobierno actual, ignorando décadas de malas decisiones, corrupción y omisiones deliberadas.
La verdadera discusión no debería centrarse en señalar culpables, sino en buscar soluciones.
El Estado tiene la obligación de defender el interés público por encima de cualquier contrato que perpetúe el abuso. Los contratos de los peajes pueden ser revisados, las tarifas pueden ser ajustadas y las condiciones pueden ser renegociadas. Pero para ello se requiere voluntad política, transparencia y un compromiso firme con la justicia social.
ATENCIÓN🚨| PEAJES SUBIRÁN EN CALDAS Y EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS La matriz de comunicación vocera de los grandes grupos económicos; ha FIJADO la desinformación como su arma política; decir que el Gobierno es el culpable del aumento excesivo de los peajes es casi como negar que… pic.twitter.com/dXoAJBoAEH
— Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) January 5, 2025
Es hora de que la ciudadanía también tome un rol activo en este proceso.
La presión social ha demostrado ser una herramienta poderosa para lograr cambios significativos. Los colombianos no pueden seguir aceptando como inevitables los abusos derivados de contratos leoninos.
El derecho y la política deben estar al servicio del pueblo, no de unos pocos privilegiados que se enriquecen a costa de la mayoría.
El reto está sobre la mesa.
No se trata sólo de señalar los errores del pasado, sino de actuar con firmeza en el presente para construir un futuro más justo y equitativo. Los contratos injustos no son inquebrantables y el interés público debe prevalecer siempre sobre el interés privado.
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