El próximo 8 de marzo, día de las elecciones para congreso, Colombia no solo conmemorará las históricas luchas de las mujeres y la clase obrera; este año, la fecha se convierte en un campo de batalla político y social.
La coyuntura es crítica: el Consejo de Estado, en una decisión que muchos sectores populares califican como un ataque directo al bienestar social, ha suspendido provisionalmente el decreto del salario mínimo del Gobierno de Gustavo Petro.
Esta maniobra judicial no es un hecho aislado, sino la expresión de un régimen que parece priorizar los intereses de las élites sobre el mínimo vital de la gente.
El bloqueo de las élites
Resulta paradójico, y para muchos indignante, que personajes como Jaime Alberto Cabal (Fenalco) y el exmagistrado Alejandro Linares sean quienes lideren estas demandas.
Mientras ellos perciben ingresos mensuales que superan los 50 millones de pesos, se oponen con vehemencia a que un trabajador acceda a un salario de 2 millones de pesos. Este escenario plantea una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Existe realmente una separación de poderes en Colombia, o estamos ante un monolitismo institucional diseñado para proteger el statu quo económico?
El panorama institucional parece confirmar la segunda opción:
CNE: Persiguiendo la personería jurídica de movimientos alternativos.
Banco de la República: Manteniendo tasas de interés que frenan el crecimiento popular.
Corte Constitucional: Recortando reformas tributarias que buscan redistribución.
Congreso: Actuando, en gran medida, como el brazo legislativo de las EPS y los grandes capitales.
La encrucijada del 8 de marzo
Para las familias colombianas, el salario mínimo no es un «indicador macroeconómico»; es la posibilidad de comer tres veces al día, de pagar el arriendo y de educar a sus hijos. Cuando los tribunales «trasquilan» estas decisiones, no sólo afectan una cifra, sino la dignidad humana.
Por ello, este 8 de marzo, con el voto popular, la movilización debe ser masiva y contundente.
El pueblo trabajador se enfrenta a una disyuntiva histórica: permitir que el bloque del Centro Democrático y Cambio Radical —junto a sus aliados en las altas cortes— desmantele los avances sociales, o salir a votar a defender el derecho a una vida digna.
La soberanía no reside en los escritorios de los magistrados, sino en la voluntad popular.
El 8 de marzo, con el voto popular, es el momento de recordar que la economía debe estar al servicio de la vida, y no la vida sacrificada en el altar de la rentabilidad de unos pocos. La decisión, hoy más que nunca, está en las manos de quienes mueven el país: los trabajadores.
