En Colombia, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, muchas cosas han cambiado y otras tantas aún están pendientes. Su gobierno marcó un quiebre con décadas de hegemonía política tradicional y abrió un debate profundo sobre el modelo económico, social y político del país.
No se trata únicamente de un cambio de nombres en el poder, sino de una disputa abierta por el sentido del Estado, el destino de los recursos públicos y el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Las reformas sociales impulsadas desde el progresismo son una muestra clara de los cambios que se están viviendo.
La reforma pensional, por ejemplo, busca garantizar una vejez digna para millones de colombianos que históricamente fueron excluidos del sistema, especialmente quienes ganan menos de 2,5 salarios mínimos. La reforma laboral ha devuelto derechos que habían sido recortados en el pasado, fortaleciendo la estabilidad y la dignidad del trabajo.
A esto se suma una transición energética real en curso, la recuperación de la red férrea como apuesta estratégica, el auge del turismo, una moneda relativamente estable, aumentos salariales por encima de la inflación y una inflación que muestra una tendencia a la baja.
También destaca la entrega de bienes incautados al narcotráfico a la gente y la recuperación de predios que durante años estuvieron en manos de sectores privilegiados ligados al poder político.
Sin embargo, quizá el cambio más profundo no es únicamente material, sino cultural y político.
El ciudadano de a pie ha transformado su percepción sobre los asuntos que realmente importan. Hoy hay mayor conciencia de que los recursos pagados en salud, peajes, pensiones, tarifas de energía o bienes incautados no pueden seguir siendo botín de las EPS y empresarios avaros y corruptos que incumplen con sus obligaciones sociales mientras maximizan sus ganancias.
Este despertar ciudadano ha debilitado el discurso tradicional y ha puesto en evidencia las verdaderas alianzas de poder.
Ese cambio de percepción ha desenmascarado al viejo status quo.
Las diferencias entre quienes se autodenominan de derecha o de centro se han diluido hasta casi desaparecer, revelando una clase política tradicional unida en la defensa de privilegios históricos.
Durante décadas, estos sectores administraron los tributos públicos a su antojo, y hoy se resisten a perder ese control.
Aún queda mucho por hacer, y ese es otro de los grandes desafíos que dejó al descubierto el gobierno de Petro.
Lo más importante es la necesidad de elegir un Congreso que esté en sintonía con la gente y con sus necesidades reales. Durante estos años, gran parte de la oposición se atrincheró en el Legislativo para sabotear reformas clave, actuando en defensa del status quo y de intereses particulares, más que del bienestar colectivo.
Políticos traidores a la patria
La llegada de Petro también permitió evidenciar hasta dónde puede llegar la clase política tradicional para preservar sus negocios, incluso apoyando intereses extranjeros en contra de la nación.
Asimismo, quedó al descubierto cómo antiguos enemigos políticos y actores armados terminaron coincidiendo en la estrategia del miedo: generar caos, vender inseguridad y luego ofrecer “orden” como solución, mientras bloquean los cambios estructurales que podrían conducir a una reconciliación real.
Lo cierto es que cuatro años no son suficientes.
Con solo el poder ejecutivo es imposible transformar un país tan desigual. Colombia necesita otros cuatro años de gobierno progresista, pero esta vez con mayorías en el Congreso que respalden a la gente, consoliden las reformas sociales pendientes y sostengan un crecimiento económico con justicia social que saque al país de la vergonzosa lista de los más desiguales del planeta.
