El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la descertificación que Estados Unidos hizo a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico desató de inmediato un fuerte debate político.
Oposición aprovecha para atacar al gobierno
La noticia no solo representa un golpe diplomático en las relaciones bilaterales, sino que también dejó en evidencia la actitud de la oposición colombiana, que lejos de mostrar preocupación, terminó celebrando la medida como un argumento para atacar al gobierno actual.
La llamada “vieja clase política”, aquella que gobernó el país durante décadas sin lograr avances significativos en la reducción del narcotráfico, salió a responsabilizar al gobierno de Petro de este retroceso.
Lo hicieron sin mayor análisis y sin rigor, utilizando como recurso la repetida muletilla de que “Colombia retrocedió 30 años”. Una afirmación que parece más un eslogan de campaña que un diagnóstico serio.
Así las cosas, los mismos sectores políticos que habrían hecho lobby en Washington contra el gobierno actual son los que ahora presentan la descertificación como un trofeo para hacer política contra el gobierno.
Viajaron a hablar mal de Colombia
Diversas denuncias apuntan a que dirigentes de la oposición viajaron a Estados Unidos con el propósito de desacreditar la estrategia antidrogas de Petro y presionar a congresistas y funcionarios afines a sus intereses ideológicos. Si esto es cierto, se trataría de un hecho profundamente grave: un sector político colombiano trabajando activamente contra la imagen y los intereses del propio país.
La oposición, además, exagera al afirmar que la descertificación pone en riesgo los programas sociales, la cooperación en seguridad y la inteligencia compartida.
Analistas recuerdan que los recortes de cooperación de Estados Unidos son una política global, no exclusiva contra Colombia, y responden a ajustes presupuestales internos del gobierno norteamericano. Pese a ello, los críticos de Petro utilizan esta narrativa para instalar la idea de que el país está condenado al fracaso por cuenta de su administración.
Desde la visión del gobierno y de expertos independientes, la decisión de Washington carece de justificación técnica.
Nunca antes en la historia reciente se habían visto cifras tan altas de incautaciones de cocaína, destrucción de laboratorios y desarticulación de redes criminales como en el actual gobierno.
Según datos oficiales, Colombia encabeza los registros mundiales en decomisos de droga. Estos resultados contrastan con la narrativa de fracaso que la oposición quiere imponer.
Lo que está en juego, sostienen varios analistas, no es el desempeño en la lucha contra el narcotráfico sino la pugna política.
La descertificación parece obedecer más a presiones ideológicas y a un lobby sistemático de sectores conservadores en Colombia y Estados Unidos que a los indicadores reales de efectividad.
De hecho, la decisión favorece a quienes por años tuvieron vínculos, alianzas o tolerancia frente al narcotráfico y que hoy buscan recuperar poder político.
El presidente Petro, indignado por la medida, aclaró que la descertificación no implica sanciones para el país.
Más bien, la interpreta como una oportunidad para replantear la relación con Estados Unidos en este tema. Una de sus principales conclusiones es que, al no existir ya esa presión externa, Colombia puede dejar atrás la estrategia de sustitución forzada de cultivos, que ha costado la vida de numerosos policías y campesinos.
Para Petro, esto abre la puerta a políticas soberanas que no dependan de la imposición extranjera ni del equipamiento militar estadounidense.
En su defensa, el gobierno subraya que la descertificación se da justo cuando Colombia ha sido más contundente contra las mafias.
Esta contradicción fortalece la tesis de que la decisión fue política y no técnica.
Si se tratara de resultados, dice el Ejecutivo, Estados Unidos debería reconocer que nunca antes se había golpeado tan duro al negocio ilegal.
En el fondo, lo que queda claro es que la oposición no está dispuesta a renunciar a los privilegios que acumuló durante décadas. En lugar de defender al país frente a una medida cuestionable, prefieren usarla como arma política contra el gobierno, aun si eso significa manchar la imagen internacional de Colombia.
La descertificación, más que un castigo a la lucha antidrogas, se convierte así en un reflejo de lo ruin y miserable que son las élites nacionales, que parecen celebrar cuando al país le va mal, siempre y cuando eso debilite al gobierno del presidente Petro.
