En Colombia, la crisis del sistema de salud se ha convertido en un campo de batalla político, mediático y financiero. Sin embargo, más allá de los discursos, hay una realidad que no se puede ocultar: los principales responsables del colapso financiero de las EPS y de las multimillonarias deudas que hoy ahogan el sistema, son precisamente quienes durante años defendieron, justificaron y blindaron sus prácticas.
Los mismos defensores de las EPS que, en su momento, justificaban los anticipos billonarios entregados sin control ni cierre de cuentas, hoy se presentan como los más férreos críticos de la crisis.
Ayer, esos anticipos eran “válidos” y “necesarios” porque, según ellos, respaldaban las llamadas reservas técnicas.
Hoy, los mismos actores se rasgan las vestiduras y culpan al gobierno de la debacle financiera, como si no hubiesen sido cómplices de un modelo que se sabía inviable desde hace años.
Cuando diferentes voces advertían —con evidencia en mano— que el sistema de salud estaba quebrado, la respuesta fue siempre la misma: descalificaciones, ataques y negación.
Hoy, esos mismos sectores que nos criticaban se atreven a afirmar exactamente lo mismo que negaban antes, pero con una narrativa manipulada. Ahora presentan el colapso como una consecuencia directa de la intervención del gobierno, ocultando convenientemente que el origen del problema radica en la intermediación financiera de las EPS y en décadas de falta de control.
Los informes de la Contraloría son un claro ejemplo de esta doble moral.
En el pasado, cuando la Contraloría advertía sobre las inconsistencias, las millonarias deudas y los riesgos financieros, esos reportes eran duramente cuestionados por los defensores de las EPS y por sus gremios.
Hoy, irónicamente, los utilizan como “prueba reina” para culpar a la intervención del gobierno en algunas entidades. Lo que antes deslegitimaban, ahora lo presentan como evidencia, siempre con un único objetivo: evitar cualquier reforma estructural que toque sus intereses económicos.
Según el analista independiente Vicente Calvo, lo que estamos presenciando no es espontáneo, sino una estrategia cuidadosamente diseñada.
Para él, el departamento de propaganda de la ANDI y ACEMI está trabajando a toda máquina para atacar al gobierno y proteger a las EPS, defendiendo un modelo de intermediación financiera que solo ha beneficiado a unos pocos, mientras la mayoría de los colombianos enfrenta barreras para acceder a la salud.
El problema, sin embargo, no es nuevo.
La bola de nieve financiera comenzó a formarse hace muchos años, cuando las EPS empezaron a incumplir las normas básicas de solvencia. Bajo la permisividad de los entes de control y la complicidad de quienes debían defender el sistema, se permitió que se siguieran desviando recursos sin control.
Cuando se cruzó el punto de no retorno, la crisis se hizo inevitable.
Y, sin embargo, los mismos actores (EPS, ACEMI, ANDI) que incubaron el problema ahora pretenden presentarse como víctimas de una supuesta persecución gubernamental.
Lo más indignante es que si desde 2014 se hubiera hecho cumplir el artículo 8 del decreto 2702, que establece reglas claras para la constitución de reservas técnicas y el manejo de los recursos, no habría sido posible que, a través de la intermediación financiera, las EPS desviaran miles de millones de pesos del sistema de salud.
Pero ese control nunca llegó.
Las autoridades miraron hacia otro lado y los defensores de las EPS justificaron el saqueo. Cada nuevo informe de los entes de control confirma lo mismo: la raíz de la crisis es la intermediación financiera descontrolada de las EPS.
No es casualidad que, en paralelo, los mismos sectores que defendieron el modelo ahora se oponen férreamente a la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.
Esa reforma busca precisamente atacar el origen del problema: eliminar los incentivos perversos, fortalecer la atención primaria, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y recuperar el carácter público del sistema.
La conclusión es clara
La narrativa actual de los defensores de las EPS es un intento desesperado por desviar la atención de sus responsabilidades históricas.
Quieren presentar al gobierno como culpable para proteger sus intereses, cuando los hechos muestran lo contrario. La verdadera causa del colapso está en años de complicidades, omisiones y un modelo que permitió que el negocio primara sobre la salud de los colombianos.
