En una reciente entrevista radial, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el abogado constitucionalista Mauricio Gaona protagonizaron un tenso debate sobre los límites entre la oposición democrática y el bloqueo institucional que estaría enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Mientras Montealegre denuncia una estrategia sistemática de obstrucción desde múltiples frentes, Gaona argumenta que la oposición simplemente hace uso de las herramientas legales que le otorga la Constitución para frenar las reformas del Ejecutivo.
Esta discusión pone en evidencia uno de los puntos más críticos de la actual coyuntura política en Colombia:
¿Dónde termina la oposición legítima y dónde comienza el sabotaje institucional?
El gobierno de Petro, el primero de orientación progresista en la historia del país, ha tenido que enfrentar un escenario sin mayorías legislativas, sin control en otras ramas del poder y con una prensa abiertamente crítica, cuando no hostil.
Desde su llegada al poder, Petro ha impulsado ambiciosas reformas estructurales que han chocado frontalmente con los intereses tradicionales de sectores políticos, económicos y mediáticos que han ostentado el poder durante décadas.
Esta confrontación ha desatado una oposición intensa, que el gobierno califica de sistemática y desmedida, al punto de considerar que se está vulnerando el principio de equilibrio democrático.
Un ejemplo clave de esta dinámica es la reforma a la salud, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno.
Esta reforma busca eliminar la intermediación financiera de las EPS, ampliamente cuestionadas por corrupción y malas prácticas, muchas de las cuales están vinculadas políticamente a sectores opositores.
Tras su anuncio, Petro perdió importantes apoyos legislativos, incluso de partidos de centro que hasta ese momento lo respaldaban.
Lo mismo ocurrió con la reforma pensional, que proponía un modelo mixto que reducía el papel de los fondos privados de pensiones —controlados por grandes grupos financieros que han respaldado a la oposición— y fortalecía el sistema público.
Esta iniciativa fue duramente resistida y desinformada por medios y congresistas, que alertaban sobre una supuesta «estatización de los ahorros«, aunque la propuesta no contemplaba tal cosa.
La reforma laboral
El caso más reciente y emblemático es el de la reforma laboral, bloqueada inicialmente en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, ante el impulso popular y la amenaza de una consulta popular convocada por decreto presidencial, el Senado cedió a la presión ciudadana y aprobó su discusión y posterior votación.
Esta maniobra, criticada por la oposición, mostró que el gobierno puede encontrar resquicios democráticos para avanzar, aunque no sin una intensa confrontación.
A lo anterior se suma el papel de las altas cortes, que han devuelto o anulado varias leyes y decretos del Ejecutivo por motivos técnicos o procedimentales.
Lo que llama la atención, según sectores oficialistas, es la celeridad y severidad inusuales con la que estas decisiones se han tomado en un sistema judicial tradicionalmente lento y permisivo.
De igual forma, muchos de los proyectos del Ejecutivo han sido objeto de múltiples demandas, algunas por tecnicismos menores, que terminan por demorar o neutralizar las políticas del gobierno.
En el terreno mediático, la situación no es menos compleja.
Medios de comunicación influyentes han mantenido una postura crítica constante, amplificando errores o controversias del gobierno, mientras minimizan o ignoran logros como el buen manejo económico y fiscal del país durante la actual administración. Incluso, se han difundido noticias falsas sin rectificación o consecuencia alguna, generando un clima de desinformación y desconfianza permanente.
El propio presidente Petro ha sido blanco de ataques personales, siendo tildado de dictador, comunista o incluso homosexual como estrategia de desprestigio.
Pese a estas agresiones, no ha habido evidencia de persecución a medios, recortes de libertades, espionaje o represión por parte del gobierno. Por el contrario, Petro ha reiterado en múltiples ocasiones su respeto por las garantías democráticas y ha descartado cualquier intención de reelección.
La línea entre la oposición democrática y el bloqueo institucional se torna cada vez más difusa.
Ya sea oposición democrática o bloqueo institucional, lo que realmente duele es que – en uno de los países más desiguales del planeta – una elite que lo tiene todo se oponga con tanta ferocidad a reformas que devuelven derechos y beneficios a los más necesitados
Para el gobierno, las resistencias que enfrenta son desproporcionadas y reflejan la defensa de privilegios enquistados. Para la oposición, su actuar es legítimo, se enmarca en la Constitución y es necesario para preservar el orden institucional.
Mientras tanto, la gobernabilidad del país parece pender de un delicado equilibrio, en el que la polarización amenaza con eclipsar cualquier avance político real.
