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Inseguridad – Editorial El Medio Magdalena

Es momento de abordar la seguridad desde el gobierno y el concejo distrital con seriedad y responsabilidad, para que tomen la vocería de la población y se tomen las acciones que se necesitan.

Inseguridad – Editorial El Medio Magdalena

Desde hace varios años en Barrancabermeja se sufre un clima de inseguridad permanente, robos y atracos constantes por todo el casco urbano, además de las incursiones criminales a casas y locales comerciales.

Pero a esta difícil situación que se ha mantenido en el tiempo se suma ahora el posible atentado terrorista contra infraestructura petrolera de hace unos días, hecho que no se presentaba en años y que revive momentos ya superados en la localidad.

Las evidentes dificultades y pobres resultados en materia de seguridad en el distrito se han convertido en una situación que afecta profundamente a la comunidad, pero este nuevo episodio de violencia prende las alarmas en la población que no quiere revivir hechos aparentemente superados de una época difícil para el distrito.

Es necesario cuestionar la gestión y manejo de la seguridad por parte de la fuerza púbica, en especial la policía, en Barrancabermeja.

Sigue siendo inadmisible la permanente situación de inseguridad en particular ciertos hechos que afectan la vida social, como los robos y atracos, que no ceden y se han convertido en parte de la realidad local.

La falta de una verdadera rendición de cuentas y de un adecuado control político del concejo ha permitido que una situación de anormalidad, se convierta en parte de la cotidianidad de muchas familias.

Y además ahora hay que considerar nuevos hechos de inseguridad, como las afectaciones a la infraestructura petrolera, que preocupa a toda la comunidad.

Los consejos de seguridad que se realizan, másallá de los conocidos comunicados de prensa, no tranquilizan a la comunidad ni manifiestan medidas que realmente puedan resolver la situación.

Hace falta un verdadero análisis de la situación, con participación real de la comunidad, para poder buscar medidas concretas que puedan ser evaluadas para su continuidad o ajuste.

Pero para eso se requiere que la administración distrital asuma el liderazgo que le corresponde, y no es simplemente convocar a un consejo de seguridad, es realizar un verdadero análisis de la situación y exigir actuaciones por parte de las entidades responsables, además de una revisión seria de los resultados obtenidos, para ver que se debe mejorar y que se debe mantener.

Pero hasta el momento poco de eso pasa, solo se hacen las acciones para cumplir y guardar las apariencias, sin importar si se logran resultados que la comunidad espera.

Lo más preocupante es que entidades como la Personería o la Procuraduría no se pronuncian sobre la situación, ni sobre las medidas tomadas, ni sobre el seguimiento a la implementación de las mismas.

La comunidad debe esperar que la situación se resuelva sin la información necesaria.

Es claro que la política de seguridad se dicta desde el nivel central del Estado, que los municipios y distritos deben acoger lo que allí se determine y que eso de que los alcaldes son los jefes de policía, establecido en la constitución política, no tiene aplicación en la realidad nacional.

Pero también es cierto que se necesita que el alcalde distrital asuma un liderazgo local y establezca claramente cuáles son las aspiraciones locales en cuanto a seguridad y haga seguimiento a las acciones y resultados de la fuerza pública.

La cuestión no es de apariencias, es de resultados para la población. Esasí como se requiere que la policía actué de acuerdo a las necesidades locales y no a las directrices nacionales.

Las acciones contra el tráfico de drogas no necesariamente se reflejan en mejor situación de seguridad de la comunidad.

Esa narrativa del Estado centrada en la lucha contra el tráfico de drogas como elemento central y fundamental en temas de seguridad no refleja las necesidades de la población, que se ve más afectada por los atracos en la calle o los robos en las casas y locales.

Hay que distinguir entre las aspiraciones del gobierno nacional sobre orden público y las necesidades de seguridad de las comunidades.

Por eso se necesita un concejo activo que haga control políticopermanente en temas de seguridad, abriendo la discusión de ese tema al espacio de debate por excelencia en la localidady así facilitar que las comunidades se enteren de lo que se hace y como se evalúa su actuación en cuanto a impacto y resultados.

Mientras el concejo no asuma ese papel, difícilmente se podrá avanzar en la materia.

De igual manera se esperaría que la gobernación y la asamblea hagan el seguimiento requerido y aporten a la resolución de los problemas locales.

Es momento de abordar la seguridad desde el gobierno y el concejo distrital con seriedad y responsabilidad, para que tomen la vocería de la población y se tomen las acciones que se necesitan.

No puede seguir el silencio cómplice frente a la inflexibilidad del gobierno nacional, que desconoce las necesidades locales, ni mucho menos privilegiar la privatización del accionar de la fuerza publica.

Lo que viene pasando, incluyendo el último incidente de terrorismo, prende las alarmas frente a un posible nuevo ciclo de violencia nacional con su manifestación local, lo que requiere un verdadero liderazgo local que sepa abordar la situación, antes que las circunstancias lo sobrepasen.


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