Además de reformas laborales y pensionales, se quieren promover privatizaciones, dejar a los trabajadores en la miseria, convertir el trabajo solamente en fuente de subsistencia.
Estos días, todas las noticias para los trabajadores son tristes, tardías y casi siempre pura propaganda. Se decretó una segunda emergencia económica y social, en la que el gobierno se asigna a el mismo funciones amplísimas y minutos después con bombos y platillos firman el primer decreto, disque para “proteger el empleo”.
En esa norma, llena de condiciones, requisitos y restricciones, el ejecutivo se dispone un “generoso” subsidio por hasta el 40 % del salario mínimo legal vigente por trabajador y para las empresas que hayan tenido una disminución en sus ingresos superior al 20 %. Una medida tímida, tacaña, insuficiente y tardía, la mayoría de las empresas ya destruyeron cientos de miles de empleos. Han dejado por fuera a 700.000 empleadas y empleados domésticos, a los informales, a los deslaboralizados con contratos de prestación de servicios y no se previó ningún alivio tributario o incentivo para promover el retorno al empleo de quienes ya lo perdieron.
Mientras por un canal el gobierno hacía propaganda con su nanosubsidio, por el otro veíamos la historia de la señora Edy Fonseca, empleada de oficios varios en el Edificio Luz Marina al norte de Bogotá. Pues esta buena gente del norte decidió ahorrarse dos vigilantes y dejar a la señora secuestrada más de un mes, atendiendo todos los oficios, la puerta y la vigilancia, sin comida, ni cama. Estas cosas indignan, pero no sorprenden, en un país donde pasan cosas así con frecuencia. El senador Germán Varón Cotrino, con intereses en esa propiedad horizontal, parece estar alineado con las ideas de su jefe Vargas Lleras.
Seguramente muchas historias similares a las de Edy Fonseca se están dando en estos momentos, pero están ahí, invisibilizadas.
La gente medio enterada ya está cansada de tanta circular, decreto, norma, resolución y del programa diario de tv, pocas veces he sentido tan larga la distancia entre la ficción del Palacio de Nariño y la realidad de la vida dos cuadras más allá. Y parece que tanto foro por todas las aplicaciones existentes ya va saturando. El ciudadano, el trabajador de a pie no entiende nada de eso, solo sabe que lo están despidiendo, obligando a licencias no remuneradas o suspendiéndole el contrato, o simplemente lanzándolo al hambre. Que no hay autoridad, ni Estado, ni jueces, ni tutelas que pueda protegerles.
Sálvese quien pueda.
La judicatura constitucional no ha entendido que los ciudadanos trabajadores, (más allá de los que tienen contrato de trabajo) reclaman protección a los derechos que en la Constitución y en los tratados internacionales nos enseñan que tenemos. Mucha academia, mucho jurisconsulto y mucho juez encerrados en formalismos. Muy poco “uso alternativo del derecho”. El derecho como herramienta de convivencia ha retrocedido dramáticamente en esta crisis.
Y al caído, caerle. Como si la suerte de los trabajadores no estuviera mal, viene German Vargas Lleras a proponer que se reduzcan salarios, que se acaben las prestaciones y las primas. Que se pague por horas.
A proponer una reforma laboral exprés, justo antes, que el presidente se otorgara nuevas facultades para expedir decretos legislativos. Una idea a la que se suman otras muy “creativas” como las de Fenalco de que los trabajadores paguen parte de las nóminas, o las de la Andi que pide que les permitan a los empresarios pagar la prima de junio en diciembre o por cuotas.
Pero en medio de tanta noticia mala para los trabajadores del país siempre hay esperanzas. Y la esperanza es la organización sindical. Como lo reconoce el informe de coyuntura de la Andi: allí donde hay sindicato, hay mayor protección laboral. Hay una oportunidad real para que los trabajadores se organicen y el sindicalismo crezca.
Y miremos el caso de España. Empresarios y trabajadores han llegado a un nuevo acuerdo para extender la vigencia de los Erte (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo). Se ha logrado un nuevo acuerdo entre la Confederación Española de Organizaciones empresariales -CEOE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, avalado por el gobierno al que no tendrán acceso empresas que repartan dividendos en este periodo o aquellas que tienen sus sedes en paraísos fiscales. Son decisiones políticas que demuestran, que los asuntos de los trabajadores son políticos y pueden abordarse con el diálogo, dependiendo el gobierno que esté en el turno.
Nos quieren joder. No los dejemos. Además de reformas laborales y pensionales, se quieren promover privatizaciones, dejar a los trabajadores en la miseria, quieren convertir el trabajo, solamente, en fuente de subsistencia. No lo podemos permitir. Rápidamente, así como quieren activar la economía, tenemos que reactivar la protesta.
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